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en primera persona / OPINIÓN

Derecho a la vivienda

2/11/2021 - 

02/12/2021 - Tras décadas de democracia, estamos más cerca de lograrlo. De lograr que el acceso a una vivienda deje de ser un problema y se convierta en un derecho real para la ciudadanía española, especialmente para las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Un derecho que está más cerca de convertirse en realidad tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la primera Ley estatal de Vivienda. 

La Constitución Española es tajante al definir en su artículo 47 el derecho de las españolas y los españoles a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha asumido con determinación el papel que la Constitución otorga a los poderes públicos para promover las condiciones y “normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Alejados del ruido, de populismos y con una clara voluntad de transformar un problema en un derecho real, ha sido un gobierno socialista el que ha impulsado una Ley de Vivienda que, entre otras cuestiones fundamentales, impide la venta de viviendas sociales, establece mecanismos de contención y bajada de los precios de alquiler, impulsa la vivienda protegida en régimen de alquiler a precio limitado. Se ha logrado impulsar una norma que ofrece a todas las administraciones competentes instrumentos para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles. 

Y para sorpresa de todas y todos -léase desde la ironía- este PP revival del 'aznarismo' defiende que lo que necesita el país es “más suelo a disposición del mercado para construir viviendas a un precio accesible". Veinte años después, y tras una crisis inmobiliaria y financiera que puso en jaque a la economía del país y destrozó la vida de miles de personas, el PP vuelve a defender recetas neoliberales fracasadas a las que nadie quiere regresar. La vivienda no es un bien de mercado, la vivienda es un derecho constitucional que por fin se verá garantizado. Y como todos los avances en derechos y protección logrados por nuestra sociedad, será gracias a una ley impulsada por el PSOE. 

Sabemos bien que esta derecha neoaznarista no se encuentra cómoda cuando España avanza. Ya ha anunciado Pablo Casado que recurrirá la ley de vivienda al Tribunal Constitucional, y que los presidentes autonómicos populares no la aplicarán. Una vez más el PP actúa en contra del interés general, de las familias, de las jóvenes y los jóvenes. Una vez más el PP demuestra que es más de liberalización y de burbujas inmobiliarias, que de dejar que el gobierno trabaje para lograr el bienestar y el avance de nuestra sociedad. A la derecha de Casado no le gusta que España avance, no le gusta que el PSOE esté construyendo un futuro más justo e igualitario para miles de familias, y para las personas jóvenes. 

La Ley de Vivienda es fundamental para el presente de nuestro país, y de manera muy especial para construir desde lo público un futuro de libertad y justicia social para la juventud. Porque son las jóvenes y los jóvenes quienes sufren de forma especialmente grave el problema de acceso a una vivienda, quienes han visto cómo el precio de alquiler o compra de una vivienda ponía freno a sus aspiraciones de emancipación, a dar el paso de emprender un proyecto de vida. Y la crisis causada por la pandemia no ha hecho más que acrecentar el problema. El Consejo de la Juventud de España, en el Observatorio de Emancipación del segundo semestre de 2020, hizo público que el porcentaje de personas jóvenes que “residía de manera autónoma se desplomaba, con una tasa de emancipación resultante del 15,8 %”.

Es fundamental, y así lo ha entendido el Gobierno de España, actuar para garantizar que la juventud española pueda construir un proyecto de vida y que su emancipación sea una realidad. Y en esta apuesta no solo es importante la Ley de Vivienda, también es fundamental la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año del ‘Bono Joven’, una ayuda de 250 euros mensuales para el acceso a una vivienda destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años. Y el impulso del Plan de Alquiler para la construcción de 100.000 viviendas de las que 30.000 serán vivienda social en alquiler para los jóvenes. Una apuesta clara por desarrollar el quinto pilar de nuestro estado del bienestar, por hacer avanzar al país. Medidas valientes y concretas para trazar el camino que nos lleve hacia una sociedad más igualitaria, justa y digna.

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