Foto: EVA MÁÑEZEl pasado 11 de diciembre Juristes Valencians se desplazó al Congreso de los Diputados para dejar constancia de dos hechos. Primero, que la Comunitat Valenciana, representada por sus instituciones autonómicas y municipales conjuntamente con una nutrida representación de la sociedad civil (empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, agricultores, entidades culturales), reclama la reintegración de su capacidad para legislar en derecho civil, entre otras cosas porque defiende el derecho civil español en toda su integridad y configuración, tal y como contempla la Constitución y el Código Civil: Común, Foral y Especial. Segundo, que la Comunitat Valenciana es capaz de alcanzar consensos básicos en el marco de su Estatut d´Autonomía, consensos mínimos y fundamentales que son necesarios para cualquier sujeto político que aspire a autogobernarse y tener un reconocimiento por terceros.
El pasado 11 de diciembre Juristes Valencians lanzó un mensaje de apoyo en el Congreso, por boca de Francisco Pérez, a las justas reclamaciones de los valencianos por una financiación autonómica que permita que nuestros ciudadanos accedan a unos servicios sociales, sanitarios y educativos en condiciones.
Lanzó una propuesta de modificación constitucional redactada por Luis Higuera, que posibilita con una simple modificación constitucional, añadiendo una frase a la disposición adicional segunda, la reintegración del derecho civil valenciano, una capacidad que en palabras de Pascual Sala supone un ejercicio de integración y no de separación. Se trata de integrar la diversidad y no de diferenciar para crear división. Juristes Valencians defendió un mensaje a favor de los agricultores singularmente a los del sur, que precisan de agua de calidad para sus campos y lo hizo contando con la presencia de representantes del Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela, al que apoya para que sea reconocido como Tribunal Consuetudinario.
Sobre todo que deje de estar en vigor el decreto de 29 junio de 1707 basado en el derecho de conquista, antagónico a los principios de libertad de pacto que representa el derecho civil.
Lanzó un mensaje de unidad, de consenso tan simbólico como necesario para una sociedad que ha padecido fracturas seculares, pero que aspira en justicia a tener representantes que sean capaces de leer el momento histórico, que no caigan en posiciones simplistas y trabajen por hacer de la diversidad un elemento de suma al conjunto de una idea de España que no puede ser concebida como un conjunto vacío y excluyente, si no como la adición de su historia, sus realidades y de sus manifestaciones tan españolas las comunes como las singulares.
Reintegrar el derecho valenciano, es hoy a tenor del consenso concitado una obligación política, es una necesidad histórica la de la más original y privativa seña de identidad del pueblo valenciano: Els Furs. No en vano fue en el Reino de Valencia el primer lugar de España donde se produjo derecho civil propio. Supone constitucionalizar el Estatuto legitimado democráticamente por amplia mayoría de Corts y Congreso, pero sobre todo que deje de estar en vigor el decreto de 29 junio de 1707 basado en el derecho de conquista, antagónico a los principios de libertad de pacto que representa el derecho civil.
Reintegrar el derecho civil valenciano representa la posibilidad de mejorar la vida de los valencianos en materia de familia y sucesiones, abriendo el abanico de la voluntad de las partes como elemento creador de derecho, y ante todo supone la posibilidad de reforzar un consenso que hoy todavía se puede convertir en unánime si los actores son capaces de hacer política en mayúsculas, la que sienta bases sólidas, la construye que sociedades complejas pero posibles como la sociedad valenciana.
José Morgan García es miembro de la Associació de Juristes Valencians.
