Derecho Civil Valenciano: el Consell y Les Corts deben reaccionar

Los miembros de l'Associació de Juristes Valencians (AJV) iniciamos una aventura el mes de junio del año 2015 cuando publicamos un Manifiesto a favor del Derecho Civil Valenciano en el que, con el objetivo de corregir una injusticia histórica (la supresión del derecho valenciano por Felipe V) y una discriminación continuada en el tiempo, solicitamos a 174 ayuntamientos el apoyo a la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano.

Este moderno viaje a Ítaca que decidimos emprender, vino motivado por el temor a la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes valencianas de derecho civil; pero, también, por la apatía de nuestra clase política y por el escaso eco que la previsible nulidad de normas tan importantes como las de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, Uniones de Hecho y Custodia Compartida estaba teniendo en los medios de comunicación.

Denunciábamos en el Manifiesto la injusticia notoria de que a algunas Comunidades Autónomas se les retiraran los recursos de inconstitucionalidad cuando la conveniencia política del gobierno de turno así lo había requerido, en casos además de flagrante inconstitucionalidad. Al tiempo, clamábamos a favor de un derecho moderno, tal y como tienen los navarros, aragoneses, catalanes, gallegos, vascos y baleares para dar respuesta a los problemas vitales de la sociedad valenciana del siglo XXI.

Pues bien, ya tenemos dos sentencias publicadas en el BOE (el 31 de mayo y el pasado julio), que declaran nulas las leyes de Régimen Económico Matrimonial y de Uniones de Hecho. Y, lamentablemente, en septiembre u octubre el Tribunal Constitucional anulará asimismo la Ley de Custodia Compartida, usando la misma contundencia con la que se ha empleado con las otras dos normas, y que contrasta con la prudencia y la paciencia de que hace gala en otros casos. Con todo ello, los actos del Gobierno Zapatero, mantenidos y acrecentados con los del Gobierno de Rajoy, han conseguido enmendar nuestro Estatuto de Autonomía de la manera más hiriente y dolorosa posible, ninguneando una seña de identidad de los valencianos recogida en él desde 1982, pero reclamada desde hace tres siglos.

Los medios de comunicación, en general, han difundido esta iniciativa de la sociedad civil que, para sorpresa de algunos, ha roto el tan manido meninfotisme de los valencianos

En este último año, la AJV ha liderado un movimiento cívico a favor del derecho civil valenciano ―por tanto, a favor del Estatut―. Con el fin de hacer pedagogía sobre nuestras normas civiles, decidimos iniciarlo y dirigirlo con el apoyo de las administraciones locales, pues son las más cercanas a los ciudadanos y sus intereses. Ahora, con satisfacción, podemos decir que ha sido un éxito la Campaña de concienciación ciudadana que se inició el pasado 8 de octubre, con la presentación de la primera moción en el Ayuntamiento de La Vall d´Uixó. A día de hoy, el Manifiesto ya ha conseguido el apoyo de 110 municipios (los últimos, Alicante, Vinaròs, Paterna, Ontinyent y Catarroja) que representan a más de 2,7 millones de valencianos; de las tres Diputaciones provinciales valencianas; y de asociaciones privadas, partidos políticos, colegios profesionales, instituciones universitarias... Los medios de comunicación, en general, han difundido esta iniciativa de la sociedad civil que, para sorpresa de algunos, ha roto el tan manido meninfotisme de los valencianos.

Nuestro objetivo ahora es conseguir la adhesión al Manifiesto pro-Derecho Civil Valenciano de al menos 150 ayuntamientos (entre otros, Elche, Torrevieja, Orihuela, La Font de la Figuera, Quart de Poblet, Benicarló, Peñíscola, Segorbe, Chelva, Villena, Burriana, Bocairent, Requena, Onda, Sant Vicent del Raspeig, Buñol, Crevillent, Santa Pola, Ademuz...), que representen al 75% de la población valenciana. La campaña tendrá su punto final cuando se publique en el BOE la última de las Sentencias contra el Derecho Civil Valenciano, previsiblemente en el mes de octubre, momento en que la Associació prevé organizar un acto de afirmación valencianista y de reconocimiento al esfuerzo de nuestros municipios.

Ahora bien, tras las sentencias que declaran inconstitucionales las Leyes de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y de Uniones de Hecho, y que vacían de contenido y de eficacia normativa dos artículos no recurridos del Estatuto de Autonomía (art. 7.1 y DT 3ª), aprobados en su momento por les Corts Valencianes y el Parlamento español sin recurso alguno, se hace necesario que les Corts Valencianes y la Generalitat, con carácter urgente, adopten medidas para garantizar el ejercicio de la competencia valenciana en materia de derecho civil. 

Algunos grupos parlamentarios parecen más atentos a sus pequeñas rencillas que al interés general. ¿Podrán, por una vez, estar a la altura de las circunstancias históricas?

Han transcurrido más de 3 meses (los 100 días tradicionales de gracia) desde que se anunció la inconstitucionalidad de la capacidad estatutaria de los valencianos para legislar sobre derecho civil, y hemos de lamentar que, pese a la contundencia de los posicionamientos de los 110 ayuntamientos que representan a más de 2.700.000 ciudadanos, la Generalitat se ha limitado a denunciar la situación, mientras el Gobierno estatal en funciones y su Delegado en la Comunidad Valenciana sólo esperan a que escampen las quejas… Tampoco desde les Corts se ha denunciado con urgencia, unidad y rotundidad la vulneración de nuestro Estatut: Algunos grupos parlamentarios parecen más atentos a sus pequeñas rencillas que al interés general de los ciudadanos. ¿Podrán, por una vez, estar a la altura de las circunstancias históricas?

Hasta ahora, la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano no ha tenido oportunidad de proponer soluciones, que es una de las finalidades con las que se diseñó. Además, nuestro gobierno autonómico tiene a su alcance otras opciones, como la de crear una comisión interdepartamental integrada por representantes de Presidencia y Vicepresidencia, de las consellerias con competencias en la materia, de los partidos con representación en les Corts, y abierta al dictamen de profesores universitarios y juristas especializados y, por supuesto, de la Comisión de Codificación para proponer soluciones con el fin de obtener la rápida recuperación de la competencia valenciana. La Associació entiende, a la vista de la negativa experiencia de las últimas décadas, que la solución más adecuada pasa por una reforma de la Constitución española que atienda definitivamente a una demanda plurisecular de la sociedad valenciana ya prevista en el Estatut d’Autonomia.

En fin, han pasado 100 días, y consideramos que nuestro Consell y nuestros diputados no pueden irse de vacaciones sin recordar que esta grave cuestión sigue pendiente. Septiembre está a la vuelta de la esquina, y el 9 d´octubre estará indefectiblemente marcado por esta vulneración intencionada del Preámbulo y 7 artículos del Estatuto.

¡Es urgente que el Consell y Les Corts defiendan el Estatuto valenciano!