Descontrol en las empresas públicas: más de cien modalidades salariales distintas

VALENCIA. La directora general de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Empar Martínez Bonafé, ha lamentado este martes que la complejidad y la falta de control existente las empresas y fundaciones públicas de la Generalitat esté complicando la reorganización del sector público de la Generalitat. Según ha denunciado, la reestructuración que inició el PP "resultó fallida", porque se limitó a fusionar empresas sin modificar su estructura. Como consecuencia de ello, en la actualidad conviven hasta cinco convenios colectivos diferentes y más de cien modalidades salariales diferentes.

La directora general del sector público se ha pronunciado de esta forma en relación a una sentencia del TSJ que obliga a cinco empresas públicas a hacer públicos en un plazo de dos meses su relación de puestos de trabajo, los procesos de selección y los salarios que abonan a sus empleados. Se trata de Vaersa, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), la Entidad Pública de Infraestructuras (EIGE), Culturarts y el IVAM.

Para Martínez Bonafé, esta sentencia "refuerza la línea de trabajo del Consell para depurar los abusos del pasado" y que se ponga fin a la situación heredada en la Administración después de 20 años de gestión anterior". La nueva Ley del Sector Público en la que trabaja la Generalitat va en la línea de garantizar que una misma plaza "tenga una remuneración equivalente con independencia del organismo al que esté adscrita", ha explicado. 

"El resultado de la mala gestión del anterior Consell ha sido que en la plantilla del sector público conviven en la actualidad más de cien situaciones retributivas diferentes, y todo ello en unas empresas en las que muchas veces no existe ni un departamento de recursos humanos, lo que dificulta aún más la solución del problema", ha indicado.

Martínez Bonafé ha explicado que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. En este sentido, la jurisprudencia en el tema establece que las relaciones de puestos de trabajo deben conceptuarse "a todos los efectos" como actos administrativos.

Consolidación de derechos

"Esto significa que la publicación de una relación de puestos de trabajo supone en realidad una aprobación y, por tanto, en la práctica podría darse a entender la consolidación de unos derechos, de ahí el interés y el esfuerzo que está dedicando el Consell a esta labor. No podemos apresurarnos en un tema tan delicado", ha indicado la directora general a través de un comunicado.

En la anterior etapa, cada empresa pública "actuaba por libre y sus actuaciones no se ajustaban a los límites establecidos por los informes de masa salarial", ha lamentado la directora general. Según ha explicado, se ha tenido que partir "desde cero, porque no había de donde partir". 

!Ahora estamos analizando e identificando los problemas y, de forma coordinada con la dirección general de Presupuestos, estamos además obligando a las empresas públicas a ajustarse al límite marcado por la masa salarial", ha detallado.

"Nunca ha habido tanta transparencia en el sector público de la Generalitat como ahora. Estamos haciendo un diagnóstico real de los problemas y trabajando con todas las partes implicadas, también con los sindicatos, para que las soluciones no queden en papel mojado", ha añadido Empar Martínez Bonafé.

"Necesitamos ese diagnóstico acertado para elaborar la futura ley del Sector Público, con la que se reseteará definitivamente este ámbito de la Administración y se acabará con las zonas opacas y las prácticas del pasado", ha concluido.