Desinformación por bandera

Pocas veces la bandera arcoíris había ocupado tantos titulares y fotografías en los medios como estos días. Este pasado sábado, más de 20.000 personas, según cálculos de la organización, participamos en la marcha reivindicativa con motivo del Día del Orgullo LGTBI en València, bajo el lema “Orgull de totes, drets per a totes”. La manifestación tuvo por objetivo celebrar y defender lo mucho logrado en los últimos meses, especialmente tras la aprobación en febrero de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, pero también denunciar los movimientos políticos tras los recientes acuerdos que se van conociendo entre Partido Popular y Vox a escala municipal y autonómica, y entre quienes asistían a ella se advertía una clara preocupación ante los pasos atrás que pueden darse en la protección legal de la comunidad LGTBI tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. De hecho, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha confirmado durante estos días de precampaña que derogará la conocida como ‘ley trans’ si consigue formar gobierno tras los comicios. El anuncio de abolir esta normativa no es espontáneo ni casual, sino que se nos presenta como el resultado de años de intoxicación informativa y bulos en torno a las medidas y novedades que la ley introduce en el ordenamiento jurídico español, y que la normalidad con la que se está aplicando desde su entrada en vigor no parece haber logrado combatir.

La desinformación en torno a la ‘ley trans’, promovida desde medios de comunicación, redes sociales y actores políticos, ha abonado el terreno para que algunos crean políticamente legítimo terminar con esta normativa. Dos investigaciones que en breve se publicarán como parte del libro colectivo “De la desinformación a la conspiración: Política y comunicación ante un escenario mediático híbrido” demuestran que plataformas digitales como Twitter y géneros como el infoentretenimiento televisivo ofrecieron una tribuna ideal para la producción y difusión de estos bulos. La mentira como argumento de acción política adquiere una potente dimensión en el marco de las llamadas guerras culturales. Fue precisamente también una campaña de descrédito y desinformación promovida por organizaciones ultracatólicas y medios conservadores la que, durante años, persiguió a la asignatura Educación para la Ciudadanía, aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy no dudó en eliminar en 2012, tras colocar a José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación. Más de una década después, las estrategias desinformativas han alcanzado una expresión mucho más notoria, gracias a las facilidades de producción y veloz propagación que los medios sociales ofrecen en un contexto de mucho ruido, populismo y elevada polarización.

El preocupante impacto de la desinformación en el espacio público se observa con claridad en el modo en que se desarrolla el debate ciudadano sobre temas de interés colectivo y en la manera en que se ejecutan algunas tomas de decisión política. La comunidad LGTBI se ve afectada por ambas dimensiones, como estos días han revelado las noticias a propósito de la prohibición de exhibir la bandera arcoíris en los edificios municipales de Nàquera, la exigencia de Vox de retirar la que el sábado colgó del balcón del Ayuntamiento de València o la decisión de que este pasado miércoles 28, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la fachada de Les Corts, tras el cambio de ciclo político, no luciera esta enseña por la diversidad. Estos movimientos institucionales, que simbolizan un claro retroceso en la protección de la diversidad afectivo-sexual y de género por parte de los poderes públicos, resuena con un contexto internacional donde el empeoramiento de la situación del colectivo no ha hecho más que agravarse en los últimos años, a menudo como resultado de estrategias populistas y desinformativas, como se ha observado, entre otros países, en Polonia, Brasil o Estados Unidos. En este último, la tramitación y aprobación de leyes antiLGTBI es una constante en la agenda política de los estados gobernados por el Partido Republicano, como parte de una cruzada intensificada desde que el Tribunal Supremo legalizara el matrimonio igualitario y que en los últimos meses se ha concretado en acciones como prohibir que se aborde la diversidad sexual y de género en determinados niveles educativos, restringir el acceso a tratamientos hormonales a personas trans, así como limitar su participación en competiciones deportivas, e impedir la celebración de espectáculos drag.

La desinformación en torno a la comunidad LGTBI, que busca deliberadamente provocar daño social y público, a menudo con intereses ideológico-políticos, cristaliza en esta serie de acciones institucionales. Y, en paralelo, tiene su correlato en la acción social, cuya expresión no ha dejado de mostrar un aumento del discurso de odio en la esfera pública, especialmente la digital. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, entre 2020 y 2021, hubo un incremento del 87,50% de delitos de odio cometidos a través de Internet y redes sociales por razón de orientación sexual e identidad de género. Un estudio internacional de la consultora LLYC, publicado hace solo unos días, coincide en el diagnóstico: los mensajes de odio en redes sociales contra el colectivo LGTBI han crecido más de un 130% entre 2019 y 2022 en España, en buena medida ligados a manifestaciones detractoras de la ‘ley trans’.

Desinformación y discurso de odio van, a menudo, de la mano, articulando una especie de relación simbiótica. De hecho, los mensajes de odio, con su carácter discriminatorio y estigmatizador, son una de las expresiones del llamado desorden informativo. Como han señalado algunos autores, los relatos desinformativos y el discurso de odio comparten elementos definitorios, como son el uso de estereotipos y prejuicios, el empleo de estrategias deshumanizadoras, además de la ausencia de evidencias empíricas y de conocimiento experto. Una reciente investigación publicada en la revista Social Sciences demuestra que desde las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI en España se coincide en relacionar el incremento del discurso de odio contra el colectivo con, por un lado, el ascenso de la ultraderecha y, por otro, la circulación de bulos a través de redes sociales y de los conocidos como pseudo-medios, webs que aparentemente simulan difundir noticias rigurosas, pero que pervierten todo principio y diligencia periodística que debiera garantizar información de calidad. La cobertura otorgada al debate y elaboración de la conocida como ‘ley trans’, o el tratamiento dado al brote de la viruela del mono en España, son señalados por las personas activistas como claros ejemplos de este fenómeno desinformativo y estigmatizador. El mismo estudio evidencia, asimismo, que cuatro de cada diez personas que reaccionan a bulos publicados en Twitter en torno a las personas LGTBI otorgan credibilidad a ese contenido y que el 25% de las respuestas de estos usuarios representan manifestaciones de discurso de odio. Las publicaciones de carácter polarizador, que muestran a la comunidad LGTBI como un ‘otro’ amenazante o peligroso, fueron las que mayor número de reacciones generaron.

La introducción de bulos y pseudo-noticias en la esfera colectiva afecta de manera negativa al amplio consenso en torno a la igualdad de las personas LGTBI en una sociedad tradicionalmente fundamentada sobre el cisheteropatriarcado. La penetración de determinados discursos en el debate social, y cada vez más también en la arena institucional, supone una regresión de los avances en derechos que el pasado sábado se reivindicaban y defendían. En una relación de fuerzas claramente opuestas, al arriado de la enseña arcoíris en el espacio público le acompaña un inquietante creciente protagonismo en él de quienes hacen de la desinformación su bandera.