Usuarias de la Residencia de Mayores de Bolaños de Calatrava. Foto: AYTO DE BOLAÑOSSe puede afirmar sin tapujos que el ámbito de las residencias para personas mayores está siendo el más afectado por la epidemia del coronavirus, contabiliza más de la mitad de personas fallecidas en España. Resulta evidente que no se ha gestionado bien y que precisa de una reforma importante, pero también que esta crisis puede alargarse durante bastante tiempo y no es momento de bajar los brazos, aún podemos mejorar la atención que prestamos a las personas más vulnerables.
Analizar lo ocurrido requiere tener presente tres aspectos del ámbito asistencial que resultan trascendentales: la atención sanitaria en las residencias no está integrada en el sistema de salud, atiende a personas frágiles que requieren cuidados complejos (sociales y sanitarios) y su organización no es equiparable a un centro hospitalario: establece un modelo asistencial centrado en la persona, dirigido a cuidar más que a curar y disponen de una dotación de personal sanitario muy inferior.
Desde esta perspectiva puede entenderse el resultado. La fragilidad avanzada conlleva un riesgo de mortalidad mayor y establecer procedimientos para la prevención y el cuidado que exige esta epidemia resultan más complejos por la desconexión con el sistema sanitario y la precariedad de personal. La crisis del coronavirus ha hecho evidente una realidad advertida desde hace mucho tiempo por parte de los profesionales sanitarios.
Aunque parezca contradictorio, un número importante de residencias de nuestro entorno, conscientes de las características de las personas que atienden, implantaron las medidas preventivas días antes de que llegaran desde los organismos oficiales, incluso más drásticas en aspectos como el cierre de la residencia a la entrada de visitas o el uso de mascarillas por parte de los trabajadores. Tuvieron una idea clara desde el principio: se debía evitar la entrada del virus y los trabajadores eran los únicos posibles vectores. El problema era que no se disponía de suficientes mascarillas.
A pesar de este esfuerzo la infección ha entrado en un número muy importante de centros y la cifra de fallecidos no para de crecer. Muchas pueden ser las causas: no todas actuaron con la misma celeridad e intensidad, la falta de formación del personal, una dotación de material insuficiente, recomendaciones oficiales no ajustadas a la realidad y, sobre todo, la ausencia de pruebas diagnósticas. Este último es un factor decisivo y hace que la suerte tenga un papel principal: resulta imposible detectar a un trabajador portador de la infección que no presenta síntomas, y cerca del 80% de los infectados lo son. Si no hay posibilidad de detectar el foco todo el esfuerzo puede ser en vano, se convierte en una bomba invisible dentro de una residencia. No hacer las pruebas es apostar al desastre.
Entendiendo la realidad de los centros y la situación que sufren, las medidas a implantar parecen meridianamente claras. Es prioritario hacer las pruebas a todos los trabajadores y usuarios (con prioridad para los primeros, por ser los vectores). Se debe ayudar a las residencias en el aislamiento de las personas contagiadas habilitando residencias exclusivas y medicalizadas para su atención, o en hospitales si fuese necesario. Y se debe asegurar que reciben el tratamiento más adecuado en función de su diagnóstico de situación, independientemente de su ubicación.
La intervención de Sanidad es necesaria y debe hacerse en sinergia con los equipos asistenciales de las residencias. El objetivo es claro, atajar el problema, pero las medidas enfocadas al COVID-19 no deben llevar a desatender otras necesidades ni a las personas no contagiadas, también frágiles y que siguen necesitando cuidados permanentes y de cierta complejidad. No hagamos otro roto.
Las medidas son complejas y su resultado depende en gran medida de la existencia de una comunicación fluida entre profesionales y responsables de las administraciones públicas. La gestión de esta crisis no podrá ser la más adecuada sin contar con la colaboración de los profesionales que están en primera línea, atendiendo a las personas, si el objetivo es mejorar la calidad de su cuidado.
Juan F. Peris Martí. Responsable del Servicio de Farmacia Sociosanitario La Cañada
