Rafael RubioVALÈNCIA. La Guardia Civil ha detenido a primera hora de este jueves al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), y al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PP) por un presunto cobro de mordidas durante la segunda operación policial del conocido como caso Azud, que arrancó hace tres años. En él figura como principal investigado el cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín. Entre los arrestados se encuentran igualmente la hija de Grau, el abogado y director jurídico de Divalterra, José Luis Vera -cuyo despacho en la empresa ha sido registrado- y el empresario Jaime Febrer y otra decena de personas.
A todos ellos se les considera parte de una presunta trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público. Según fuentes de la investigación, Grau habría cobrado 'mordidas' por alrededor de un millón de euros y Rubio por menos de medio millón.
La primera fase de esta operación, que coordina el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, se saldó con la detención de Corbín, que ingresó en prisión en abril de 2019 y posteriormente fue puesto en libertad. El desarrollo de esta segunda incluye hasta 40 registros en diversas capitales aparte de València, como Alicante y Ciudad Real. Tras los arrestos se producirá el traslado a la Comandancia de la Guardia Civil de València.
La causa, que permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Ésta se sigue también contra otros investigados –entre ellos empresarios de la construcción–, la mujer de Corbín y hermana de Barberá, Asución Barberá, y sus tres hijas. 
Además de los contratos, la investigación incluye diversas recalificaciones y reclasificaciones de terrenos de las que el cuñado de Barberá habría cobrado en 'especie'. Varios contratistas le habrían pagado, por un lado, con pisos y, por otro, con la venta de inmuebles muy por debajo de su valor real.
El dinero total que Corbín habría obtenido con este 'negocio' paralelo habría superado los 4 millones de euros. Algo que se habría producido al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del Consistorio.
El despacho y el ordenador del director del Área Jurídica, Administración y Transparencia de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra -antigua Imelsa-, José Luis Vera, ha sido registrado y precintado en el marco de la operación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción.
Según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Valencia, administración de la que depende Divalterra, dos agentes de la UCO de la Guardia Civil han acudido esta mañana al despacho de Vera y han permanecido en el mismo hasta mediodía, aproximadamente.
La labor de Vera al frente del área jurídica de Divalterra ha sido objeto de una denuncia del PP en relación a la anulación de la contratación de una jefa de recursos humanos en la empresa.
Asimismo, la Agencia Valenciana Antifrauda investiga el cobro supuestamente irregular, por parte de Vera, de miles de euros por un complemento por desplazamiento mientras estuvo de baja.
La empresa pública Divalterra, tanto en la actual época de gestión socialista como en la anterior del PP, ha sido escenario de diferentes procesos judiciales relacionados con la corrupción, todos ellos a la espera de juicio
