VALÈNCIA. La empresa municipal Egusa, encargada de gestionar los asuntos urbanísticos de Alboraya, se encuentra en el epicentro de una polémica que ha reavivado el debate político en el municipio. La reciente decisión de destinar 140.000 euros a gastos notariales vinculados con la segregación de terrenos en Port Saplaya ha intensificado las críticas Partido Popular local y generado una defensa firme por parte del Gobierno municipal, liderado por PSPV y Compromís.
Por su parte, el PP ha sido contundente en su oposición. Según explica a Valencia Plaza el portavoz del grupo popular, Modesto Martínez, la segregación de los terrenos debió haberse tramitado en el pleno municipal, lo que habría evitado los gastos notariales, ya que las administraciones públicas están exentas de este tipo de costos. Martínez recuerda que, en el año 2019, se realizó una operación similar sin coste adicional para las arcas municipales gracias a un acuerdo plenario.
"El gobierno ha utilizado Egusa como una herramienta para eludir el control del pleno, actuando de forma opaca y perjudicando a los vecinos", denuncia a este diario. Además, los populares señalan que el equipo de gobierno contrató un bufete de abogados privado para "contradecir los informes técnicos municipales". Una decisión que, a su juicio, vulnera el principio de transparencia y podría tener implicaciones legales. "Contratar informes externos para desoír a los técnicos es una práctica que vamos a analizar detenidamente", subraya Martínez.
En un comunicado, el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, defiende la provisión de fondos como una medida imprescindible para abordar una deuda histórica que lastra al municipio desde hace casi dos décadas.
Es más, Chavarría explica que gran parte de los 140.000 euros se ha destinado al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, una obligación legal que permite avanzar en la resolución del conflicto financiero de Egusa. "Gracias a este acuerdo, hemos detenido un pago mensual de 100.000 euros en intereses, protegiendo los recursos municipales y evitando embargos que habrían afectado a servicios esenciales", afirma el alcalde.
De hecho, fuentes del Ayuntamiento de Alboraya consultadas por este diario insisten en que todas las actuaciones se han realizado bajo el amparo de los servicios jurídicos municipales y con el aval de la junta de Egusa, donde todos los partidos políticos tienen representación.
Chavarría también acusa al PP de ser responsable del origen de la deuda por decisiones urbanísticas "fallidas" durante su mandato. "Nuestra gestión sigue las directrices legales y busca siempre el interés general", añade el alcalde.
La deuda de Egusa, que actualmente supera los 33 millones de euros, se remonta a 2006. Durante ese año, y bajo la administración del PP, la empresa firmó un acuerdo con la promotora Astroc -más tarde conocida como Quabit Inmobiliaria- para desarrollar una marina y un complejo residencial en Port Saplaya. Egusa aportó los terrenos y la promotora adelantó 23 millones de euros como parte del acuerdo.
Sin embargo, el proyecto quedó paralizado y los fondos se destinaron a otros fines, con lo que se ha generado una espiral de litigios y deudas acumuladas. Fue en 2019 -bajo el gobierno del PSPV-, cuando se alcanzó un acuerdo transaccional con los acreedores para intentar estabilizar la situación. No obstante, el PP acusa al actual equipo de gobierno de incumplir ese acuerdo, lo que, según los populares, ha incrementado la deuda y los intereses asociados.
"Han pasado de una deuda gestionable a un problema aún mayor debido a su mala planificación", apunta Martínez en declaraciones a este diario. Por su parte, el gobierno local defiende que las medidas adoptadas han evitado el colapso financiero de la localidad y han salvaguardado bienes públicos clave como colegios e instalaciones municipales.
Según Chavarría, la resolución de este problema es un ejemplo de "gestión valiente frente a una situación extremadamente compleja". El caso de Egusa ha evidenciado las tensiones entre los diferentes enfoques para gestionar los recursos municipales y las consecuencias de decisiones pasadas.
Mientras el PP reclama mayor transparencia y exige responsabilidades políticas, el gobierno local insiste en que sus decisiones han resultado necesarias para proteger el interés general y garantizar la estabilidad económica del municipio. Pero, más allá de las diferencias políticas, Alboraya enfrenta el reto de implementar una gestión más planificada y transparente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.