El colectivo pide al Consell rebajar al 6% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y bonificaciones "reales y efectivas" de hasta el 80% para facilitar el acceso de colectivos vulnerables a su primera vivienda.
VALÈNCIA. La subida de los precios del alquiler es una cuestión que preocupa y ocupa. La semana pasada se conocía la decisión de Berlín de congelar los precios durante cinco años, una decisión que el propio alcalde de València, Joan Ribó, secundó al asegurar que desde el cap i casal también quieren poner coto y regular el precio del alquiler. Una medida que el vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Comunitat Valenciana, Vicente Díez, considera que puede ser positiva pero "siempre y cuando exista una contrapartida para el propietario" en forma de bonificaciones fiscales. En caso contrario, cree que sería una decisión "perjudicial" para el sector".
"Todo lo que sean limitaciones de precios las veo positivas siempre y cuando exista una contrapartida para el propietario", asegura en una entrevista con este diario en la que señala que un propietario puede estar dispuesto a alquilar su piso por los 500 euros de precio máximo que se fije, pero con una serie de bonificaciones fiscales como puede ser en el IBI. "Eso le puede interesar porque es una forma de inyectar una serie de beneficios para que se anime a alquilar en función de los precios de referencia. Eso no lo veo negativo. Ahora bien, si es obligatorio sin más, por supuesto que sí sería perjudicial", incide.
Precisamente el mercado del alquiler de viviendas es uno de los temas que el Colegio de los APIs valencianos, que aglutina a unos 700 profesionales del sector inmobiliario valenciano, quiere abordar con la nueva Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática encabezada por Rubén Martínez Dalmau. Las medidas que le plantearán están en la línea de lo que pretende este departamento: "conseguir un acceso real a la vivienda para todas las personas de la Comunitat", afirma. "Hay muchas cosas por hacer. Ahora vivimos una época de expansión en donde suben los precios y en muchos casos las familias no pueden comprar y, por tanto, tiene que haber una forma de facilitar el alquiler", insiste.
Para ello, considera necesario reducir la carga impositiva en la compra de un inmueble mediante una reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales, fijado actualmente en un 10% en la Comunitat frente al 6% que se paga en Madrid, un porcentaje que consideran más adecuado y que pedirán al Consell. Pero no solo eso, sino que aboga por potenciar incentivos fiscales que beneficien el acceso de colectivos vulnerables como personas jóvenes, discapacitados, familias en riesgo de exclusión social a su primera vivienda.
"Una línea muy interesante a seguir sería bonificaciones reales y efectivas y de hasta el 80% a determinados colectivos con dificultades para ahorrar, especialmente a los que van a adquirir su primera vivienda". En este sentido pone como ejemplo el caso de una pareja joven con el dinero justo en la cuenta para pasar el mes y que busca comprar un piso. Si el inmueble cuesta unos 100.000 euros, el 10% del impuesto supone abonar 10.000 euros, un montante que seguramente no se podrán permitir.
"Estoy seguro de que si la Conselleria de Hacienda hiciera los números hasta cuadrarían", subraya, a la que vez que aboga por buscar mecanismos que agilicen la llegada de las líneas de ayudas puestas en marcha tanto a nivel autonómico como estatal en materia de vivienda.
A su juicio, estos mecanismos permitirían relanzar el mercado de la compra e incluso reducir el precio de los alquileres al bajar la demanda. "Muchas veces sube el precio del alquiler precisamente porque muchas de las personas que quieren comprar no pueden. Nosotros calculamos que más del 50% de los alquilados preferiría comprar pero no puede. Si facilitáramos la compra conseguiríamos aligerar también el mercado del alquiler que bajaría prácticamente solo", explica.
Asimismo, Díez pide al ejecutivo autonómico más vivienda pública para "ajustar los precios" y trabajar con los promotores para proyectos de inmuebles en alquiler pero desde la perspectiva de la coordinación y cooperación con ayudas y subvenciones y sin obligar porque "entonces sería contraproducente". Otros temas urgentes es la agilización en la concesión de licencias y mantener acuerdos con los grandes fondos y entidades bancarias que dispongan de inmuebles vacíos para darles uso, como se hizo en la pasada legislatura.
En un momento en el que en el mercado inmobilario van surgiendo nuevos actores, los agentes inmobiliarios insisten en una de sus reclamaciones históricas: la puesta en marcha de un registro de agentes que regule la actividad, tras la liberalización del sector en el 2000 a través de un Real Decreto que eliminó cualquier requisito para intermediar en el mercado inmobiliario.
"No se pide la obligatoriedad de colegiarse o asociarse, sino que la persona que ejerza la actividad inmobiliaria cumpla unos requisitos como son la formación y la experiencia para poder abrir una oficina; que cuente con seguros básicos como el de responsabilidad civil y que el negocio tenga un espacio físico. Este registro supondría mayor seguridad jurídica. Eso es lo que pretendemos. Como sería un registro de naturaleza obligatoria quien no lo tuviera podría ser mucho más fácilmente denunciado", explica. De hecho, este instrumento ya funciona en otras autonomías como Navarra, Andalucía, Madrid o Cataluña que fue la pionera en implantarlo en el 2010 y donde también se realizan labores inspectoras de la administración para evitar conductas fraudulentas con los clientes.
En la pasada legislatura, este fue uno de los temas abordados con el anterior director general de Vivienda, Rafael Briet, quien "se interesó muchísimo por el tema de la creación registro y dio los primeros pasos en este sentido con la elaboración de un borrador que está en estudio. Confiamos mucho en que esté listo en esta legislatura y el nuevo conseller siga la misma línea que el anterior", señala.
Aunque Díez eluda hablar de intrusismo en el sector, admite que en los últimos años ha emergido una cara oculta con personas que ejercen la profesión sin estar cualificadas y "al margen de la economía". "Ahora cualquier persona tiene acceso a un móvil y a internet. Es muy fácil colgar anuncios y contactar directamente con propietarios y compradores para intentar realizar operaciones sin ni siquiera estar dados de alta en el epígrafe correspondiente de Hacienda. Eso hace mucho daño al sector, pero que quede claro que es algo minoritatio y que la mayoría actúa como toca", remarca.
Este mercado paralelo surge por el buen momento inmobiliario que se vive en España que "hace apetecible montar un negocio". Uno de los casos que han detectado es la proliferación de anuncios falsos de alquileres de inmuebles con una cuenta bancaria donde realizar una reserva pero "nada más", no hay nadie detrás amparando la operación.
Respecto a las perspectivas del mercado inmobiliario, apunta a un "estancamiento" de los precios cuyos síntomas ya se aprecian en ciudades como Madrid o Barcelona. "El precio del alquiler va a sufrir una moderación en la subida hasta llegar a un máximo que se mantendrá. Tampoco esperamos una bajada porque mientras no se aumente el stock de vivienda no habrá una bajada de precios", apostilla para incidir en que, a pesar de estos crecimientos, no se producirá una situación como la de los años 2007-2008 porque ahora hay más restricción y control desde las entidades bancarias. "La palabra burbuja no se puede emplear en este momento", subraya.
De cara a los retos futuros, espera que la nueva administración valenciana atienda a sus peticiones porque desde el colegio les tienden la mano para colaborar. "Estamos super abiertos y les apoyaremos siempre y cuando veamos que las soluciones son efectivas porque hay que poner solución al mercado de la compraventa y el alquiler. Hay muchas cosas por hacer", concluye.