Dimite otro cargo en Hacienda tras un nuevo choque con Oltra por el personal del IVASS

VALÈNCIA. La complicada relación que desde el inicio de la legislatura mantienen la Conselleria de Hacienda y la vicepresidenta Mónica Oltra continúa generando episodios de tensión. A sonados desencuentros como la discusión pública entre el conseller Vicent Soler y Oltra por los salarios en el Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS) o la crisis por la "deslealtad" del titular de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha sumado ahora la renuncia de otro alto cargo de Hacienda por discrepancias con la consellera de Igualdad.

Se trata de la hasta ahora jefa del Servicio de Análisis, Estructuras de Puestos de Trabajo y Gestión de Información del Sector Público, Mariola López Bayo, quien este lunes formalizó su renuncia al puesto días después de haber manifestado su deseo de abandonar sus responsabilidades en una tensa reunión con los sindicatos presentes en la comisión de Diálogo Social del Sector Público.

En ese encuentro, celebrado a principios de mes, los miembros de la comisión fueron informados de un informe de la Abogacía de la Generalitat a raíz de una consulta de la Conselleria de Hacienda sobre la forma y condiciones de acceso de personal a las empresas públicas de la Generalitat.

Dada la "amplitud y extensión" que requería este caso específico, la Abogacía elaboró un informe solo sobre el IVASS, entidad de derecho público adscrita a la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra. En el mismo, tal y como informó Valencia Plaza, concluyó que las plazas de los trabajadores 'a extinguir' no pueden salir a concurso, lo que de facto implica que puedan agotar su vida laboral como empleados públicos pese a no haber superado los procesos selectivos propios de la administración.

La Abogacía realiza una serie de consideraciones a raíz de una consulta concreta sobre la situación del personal laboral indefinido no fijo del IVASS. El director general de esta firma, Ángel Bonafé, preguntó si las plazas ocupadas con esa consideración por parte de personal procedente de las mercantiles Gesmed y Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales) que en su día se subrogó el Ivadis –antiguo IVASS– debían ser incluidas en una futura oferta de empleo público del IVASS.

En este sentido, cabe recordar que el IVASS es una de las muchas entidades del sector público que aún no ha cumplido el compromiso del Consell con los sindicatos de convocar una oferta de empleo público para reducir la temporalidad en la administración, tal y como vienen denunciando los sindicatos. En el IVASS trabajan alrededor de 400 temporales que no podrán optar a consolidar su puesto mientras no se convoquen las pruebas.

Presión para obtener respuesta inmediata

Con las conclusiones de la Abogacía en la mano, correspondía a la Dirección General de Sector Público, dependiente de la Conselleria de Hacienda, responder formalmente a la consulta formulada por el director general de la firma. Los responsables de Hacienda expusieron a los representantes sindicales el criterio de la Abogacía para que se pronunciasen al respecto.

Al término de la reunión, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía personal, Elena Ferrando, requirió a la comisión de Diálogo Social que le entregase la respuesta oficial a la consulta sobre personal formulada por el IVASS. Según explican fuentes conocedoras del encuentro, fueron las prisas de la número dos de Mónica Oltra por tener el informe favorable de Hacienda las que colmaron la paciencia de Mariola López, quien en ese momento expresó su intención de renunciar por la presión para firmar el documento que la Conselleria de Igualdad exigía llevarse en mano.

Cabe recordar que este no es ni mucho menos el único episodio de tensión entre los dos departamentos forzado por la vicepresidenta del Consell a cuenta de los trabajadores del IVASS. A finales del año pasado, la presión de Oltra para que la Conselleria de Hacienda desbloquease la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del IVASS ya desembocó con la renuncia pocos días después de otro cargo de Hacienda.

Jesús Carbonell, que recientemente se ha reubicado como secretario general de la Agenciade Transporte Metropolitano de València, renunció a sus responsabilidades en la Conselleria de Hacienda tras verse forzado a firmar un documento con el que no estaba conforme.

Según informó entonces la Conselleria de Igualdad, la RPT del IVASS solo estaba pendiente del informe favorable del departamento que dirige Vicent Soler. Tras una reunión con los sindicatos de la empresa pública que se habían encerrado para protestar por sus condiciones laborales, la propia Oltra se plantó con ellos en la Conselleria de Hacienda para conocer de primera mano por qué no se daba paso al informe favorable para poder aprobar el documento.

Encontronazos por los salarios

A la renuncia de Carbonell siguió pocos meses después otro nuevo choque entre Hacienda y la vicepresidenta del Consell por los salarios del IVASS. Fue cuando el departamento que encabeza Vicent Soler tumbó con sendos informes desfavorables de las direcciones generales de Sector Público y Presupuestos el decreto-ley de la vicepresidenta para la homologación salarial del personal de la firma.

El sentido de estos informes se apoyaba, a su vez, en las reservas manifestadas por la Abogacía de la Generalitat sobre la legalidad del texto elaborado por Oltra, que pretendía eliminar cualquier restricción al incremento de la masa salarial de esta entidad pública –cuya plantilla está formada en un 78% por mujeres– para acabar con la "brecha salarial de género".

Hacienda e Igualdad estaban enfrentados en la manera de igualar las retribuciones de los empleados del Ivass a las del personal equivalente al servicio de la Administración de la Generalitat. Oltra elaboró por su cuenta un decreto-ley para la "adecuación retributiva" de las cuidadoras de personas con diversidad funcional, ya que existe una disparidad en las condiciones laborales derivada de la coexistencia de los convenios colectivos de los antiguos Convaser y Avapsa, las dos entidades que se integraron para formar el IVASS.

Esa adaptación implicaba un sustancial aumento de la masa salarial, por encima de los límites impuestos por el Ministerio de Hacienda para las empresas públicas, sobre todo para regiones como la valenciana sometida a un especial marcaje por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta circunstancia impedía que los preceptivos informes de las direcciones generales de Hacienda y Presupuestos fueran favorables.