La Diputación aprueba un Plan Antifraude con medidas para prevenir procesos fraudulentos

VALÈNCIA (EP). La Diputación de Valencia ha aprobado este martes, en el pleno ordinario de julio, un Plan de Medidas Antifraude que tiene como objetivo prevenir, detectar, corregir y perseguir posibles procesos fraudulentos y conflictos de intereses, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que este documento implica a esta institución "al más alto nivel" en la lucha contra la corrupción y ha explicado que esta es "una de las principales conclusiones del informe del secretario" de la Diputación, que destaca "la integridad institucional" de esta entidad local.

El plan busca reducir la aparición del fraude, tanto interno como externo, en el marco del Plan de Resiliencia, los fondos Next Generation y el resto de procesos tramitados por la Diputación. El documento ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Valencia y ha salido así adelante por unanimidad.

Este texto está basado en el acuerdo sobre la lucha contra el fraude aprobado en la anterior sesión plenaria y publicado en la web y el portal de transparencia de la institución atendiendo a "los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez en el ejercicio de la función pública".

El documento será ahora remitido al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. En su informe, el secretario valora "el compromiso de toda la organización con la cultura de la integridad".

Como ejemplos pone el código de conducta para empleados públicos, que "antepone principios como la austeridad, responsabilidad, honradez y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres", así como la adhesión de los altos cargos al Código de Buen Gobierno de la Generalitat y el desarrollo de "un sistema eficaz de control interno en el que desempeñan un papel fundamental los habilitados nacionales".

Comité antifraude

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, creado para responder a la crisis de la covid y del cual puede resultar ejecutora la Diputación junto al resto de entes públicos, el área provincial de Transparencia ha evaluado el riesgo de fraude en esta corporación provincial y ha diseñado medidas concretas en colaboración con los servicios de Intervención, Contratación y Formación, ha agregado la institución.

La Diputación de Valencia ha expuesto que para asegurar la aplicación y seguimiento de estas medidas, el primer paso es la creación de un Comité Antifraude, con una composición técnica y la obligación de colaborar de todos los servicios de la institución.

En este caso, ha precisado, "se tendrán muy en cuenta indicadores como la bandera roja, que obliga a los responsables a permanecer vigilantes; el conflicto de intereses aparente o real; la corrupción activa o pasiva; el fraude en cualquiera de sus grados y, en general, todo tipo de irregularidad que pueda detectarse a través de los mecanismos de control interno".

Los jefes de servicio de Presidencia, Transparencia y Contratación, los responsables en la gestión de los fondos europeos, y los habilitados nacionales--secretario, interventor y tesorera-, formarán parte de este comité.

La misión de este órgano será evaluar periódicamente "el riesgo de fraude", así como sensibilizar e instruir al personal de la Diputación en la materia y también establecer protocolos para gestionar los conflictos de intereses. Además, prevé abrir expedientes informativos "ante cualquier sospecha", asistir a los organismos encargados de recuperar "importes indebidamente obtenidos", y dar a conocer el canal de denuncias tanto interno como externo.

En todos los ejes

El plan establece medidas concretas en todos los ejes del ciclo antifraude, ha apuntado la institución provincial. En prevención se incorporan acciones formativas como cursos y seminarios sobre corrupción para detectar prácticas poco éticas; se presenta como obligatoria la declaración de ausencia de conflicto de intereses para el personal que redacte pliegos y bases de licitaciones y convocatorias; y se incorpora un código de conducta para todos los empleados públicos "con la objetividad, neutralidad y honradez como principios básicos".

La detección se basa en la implantación de "un sistema de control interno eficaz" y en el seguimiento de las herramientas disponibles en materia de prevención.

El control interno está garantizado con el reconocimiento de Presidencia a la función interventora y "un novedoso plan de acción" impulsado por el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar (PSPV), en el que se responde a las recomendaciones de "los que más saben": los habilitados nacionales, ha agregado la Diputación.

Por lo que respecta a la corrección, el documento establece que el seguimiento de la posible acción fraudulenta llevará aparejada una evaluación que debe determinar "la evidencia del fraude y la inmediata suspensión del procedimiento notificándola a las autoridades interesadas y los organismos implicados".

El Comité Antifraude debe "recopilar toda la información de una presunta irregularidad, revisar exhaustivamente la incidencia, determinar si es sistémica o puntual, retirar los proyectos afectados y recuperar los fondos de los que un tercero se haya apropiado de forma indebida".

La persecución del fraude se estructura en canales de denuncia internos, para que cualquier persona de la institución que sospeche de un hecho fraudulento pueda comunicarlo al comité responsable; y externos, basados en protocolos de colaboración con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ha detallado la corporación provincial.

"No es estático"

Asimismo, ha precisado que el documento aprobado "no es un instrumento estático" sino un plan que "debe estar vivo, adaptándose a situaciones circunstanciales en cada contexto". Ha destacado que estos "puede generar continuas revisiones y actualizaciones".