VALÈNCIA (EP). La Diputación de Valencia pondrá en marcha una red de vivienda social en la provincia dirigida a mujeres víctimas de la violencia de género. La Delegación de Igualdad, que dirige Eli García, ultima con la Sareb la firma de un convenio de colaboración, a través del cual la corporación provincial gestionará el pago mensual del alquiler de inmuebles en distintos municipios de mediano y pequeño tamaño para iniciar este proyecto que tiene como objetivo la integración de mujeres afectadas por la violencia machista.
Eli García ha explicado en un comunicado que la intención de este proyecto de la Diputación es "poner la primera piedra de una iniciativa social muy necesaria que trata de dar una salida e integrar a mujeres que atraviesan situaciones límite tras haber sufrido violencia de género".
"Estamos trabajando con la Sareb para disponer de pisos en distintos municipios con los que dar la mejor respuesta posible a la situación de emergencia social en la que se encuentran mujeres que acuden a los servicios de Igualdad de ayuntamientos o asociaciones en busca de ayuda", ha añadido García.
La Diputación se encargará de abonar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) el alquiler mensual de estas viviendas, algo más de 100 euros mensuales por cada una de ellas, y acondicionar los inmuebles para que las futuras inquilinas "dispongan de una vivienda digna en la que poder rehacer sus vidas", ha detallado.
En un principio, las viviendas de las que dispondrá la delegación provincial de Igualdad estarán localizadas en municipios de mediano y pequeño tamaño y, en la medida de lo posible, se pretende que estén en una misma zona para facilitar la integración de las beneficiarias.
"Estas mujeres han pasado por situaciones muy complejas y el hecho de tener cerca a otras mujeres que han vivido experiencias semejantes puede ser una ayuda muy positiva", ha explicado la diputada.
La actuación se integra en el marco de las políticas activadas por el área provincial de Igualdad a través de su Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, una iniciativa que cuenta ya con más de un centenar de ayuntamientos implicados y que tiene como fin "ofrecer la mejor respuesta posible ante la barbarie machista".
La iniciativa se enmarca en el Protocolo estatal sobre Alquiler Social de Viviendas que firmó el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que incrementa el número de inmuebles con alquiler reducido a disposición de familias y personas vulnerables a través de la Sareb.
El protocolo está firmado a tres bandas por los Ministerios de Transportes y Asuntos Económicos y la Sareb con el fin de poner a disposición de comunidades autónomas y entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se duplicará a medio plazo.
En virtud de este acuerdo, la Sareb cede las viviendas a las comunidades autónomas y entidades locales y el ministerio asume parcialmente los gastos de la cesión y los trabajos de rehabilitación necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas.