VALENCIA, (EFE). El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga una presunta estafa en las obras del tramo del AVE entre Crevillente (Alicante) y Murcia, que puede superar la cifra de 17 millones de euros, considera que los dos máximos dirigentes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) pudieron percibir 1,8 millones a través de facturas presuntamente falsas.
Así se recoge en una resolución, en la que se confirma la prisión provisional comunicada y sin fianza dictada por un Juzgado de Instrucción de Orihuela contra el juez Privativo de Aguas, Jesús A.M., y el secretario general de esta institución, Aníbal B.E.
La resolución judicial señala que la envergadura del caso, las elevadas penas que pudieran serles impuestas caso de confirmarse su participación en los hechos que se investigan y la posible destrucción de pruebas aconsejan su permanencia en prisión.
Señala el Juzgado que aunque estas dos personas no llevaran la dirección de la presunta "organización" que se habría dedicado a apropiarse "de una ingente cantidad de fondos procedentes del presupuestos de ADIF" por la construcción del citado tramo del AVE, sí pudieron, presuntamente, ser cooperadores necesarios en los hechos.
Así, señala, Jesús A.M. reconoció en su declaración que no realizó trabajo alguno que justificara la percepción del citado numerario y añade que consta en autos que llevó a cabo supuestos actos de desviación y ocultación del patrimonio adquirido con las ganancias presuntamente obtenidas de forma ilícita, en beneficio de su entorno familiar.
Señala el auto judicial que la que denomina "organización" se apropió, presuntamente, de 17,2 millones de euros con motivo de la contratación y ejecución de los trabajos de reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por la construcción de la línea de alta velocidad en el tramo mencionado.
Y esa actuación delictiva se habría producido mediante la alteración por sobrevaloración de los precios de los proyectos o mediante la inclusión de partidas ficticias, por corresponder a trabajos no ejecutados o, al menos, en entidad distinta a la que fueron facturados.
El Juzgado señala, por otro lado, que las actuaciones se tramitan por la presunta comisión de los delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos o, alternativamente, de estafa.
