Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA (EFE). Los países de la Unión Europea intentarán consensuar este lunes y martes sendos enfoques comunes sobre la reforma del mercado de la electricidad y la futura Ley de la Restauración de la Naturaleza, dos importantes expedientes para la transición energética y ecológica.
Si los ministros de Energía y de Medioambiente de los Veintisiete logran ponerse de acuerdo sobre ambos textos, quedarán a la espera de que la Eurocámara se dote de un mandato para que el Parlamento y las capitales puedan iniciar las negociaciones finales de ambas normativas durante la presidencia rotatoria del Consejo de la UE que España asumirá el 1 de julio.
La primera cita, el lunes, versará sobre energía y el plato fuerte del menú será la reforma del mercado de la electricidad planteada al calor de la crisis de precios de los hidrocarburos de 2022 y su contagio a la factura de la luz.
La Comisión Europea presentó una propuesta de reforma el pasado marzo con el doble objetivo de fomentar los contratos a largo plazo con precios asequibles y estables y de incentivar las inversiones en fuentes de generación renovable.
Los ministros discutirán sobre la creación de mecanismos de capacidad para garantizar el suministro eléctrico en los momentos en los que caiga la generación renovable y fijar cómo se remuneraría esa cobertura, cómo de amplia debería ser y cuánto debería durar en el tiempo, indican fuentes europeas.
Abordarán también qué mecanismos se pueden crear para responder a un hipotético incremento desproporcionado de precios sin que los países con margen fiscal puedan regar a sus empresas con subvenciones.
Pero la "madre del cordero", en palabras de una fuente diplomática, es definir cómo deberían funcionar exactamente los contratos por diferencia (CdF), en los que el generador y el consumidor acuerdan un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y luego se devuelve la diferencia, en función de si el precio real ha sido más alto o más bajo que el estipulado.
El Parlamento Europeo, por su parte, aún tiene que analizar el borrador de negociación preparado por el español Nicolás González Casares (PSOE), que no gusta a las eléctricas porque plantea introducir límites de ingresos a las tecnologías inframarginales.
Una vez la comisión parlamentaria de Industria vote el texto y las enmiendas, el mandato tendrá que ser confirmado por el pleno de la Eurocámara, probablemente en septiembre.
El martes, los ministros negociarán la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza con el objetivo de pactar un enfoque común sobre esa iniciativa que persigue la reparación del 20 % de los ecosistemas dañados de la UE para 2030 y el total para mitad de siglo.
Se trata de un dossier que se ha complicado mucho en el Parlamento Europeo después de que el Partido Popular Europeo (PPE), que preside el alemán Manfred Weber, se alineara con la extrema derecha y decidiera rechazar frontalmente esa propuesta de la Comisión Europea, alegando que es dañino para los agricultores.
La comisión de Medioambiente de la Eurocámara tenía que votar el jueves el borrador de negociación preparado por el español César Luena (PSOE), pero la sesión se alargó tanto que tuvo que continuar el 27 de junio.
Sí dio tiempo a votar, no obstante, la enmienda a la totalidad introducida por el PPE, que no prosperó por un solo voto, con lo que aunque se acabe aprobando o rechazando en la comisión parlamentaria, el texto se someterá al voto del plenario en julio.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza tiene principalmente dos obstáculos en el Consejo.
El primero, aparentemente superado, es que Weber ha presionado al primer ministro de Suecia, el también popular Ulf Kristersson, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, según ha denunciado el presidente de la comisión de Medioambiente de la Eurocámara, Pascal Canfin.
Weber quería que Suecia, donde el Gobierno se sostiene con el apoyo externo de la ultraderecha, bloqueara las negociaciones, pero han continuado.
El segundo problema es la posición de Países Bajos, un socio tradicionalmente ambicioso en política medioambiental, pero que en este dossier tiene mucha presión por las protestas domésticas de los agricultores.
