Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Hubo un tiempo en el que los partidos con representación en Les Corts eran capaces de ponerse de acuerdo en grandes pactos o en la renovación de órganos fundamentales para el correcto funcionamiento de la Administración autonómica. Ocurrió, por ejemplo, en junio de 2016, cuando por última vez se alcanzó el consenso por parte del PSPV, Compromís y el PPCV para nombrar a los responsables de la Sindicatura de Comptes.
Esta institución estatutaria –regulada y protegida en el Estatuto de Autonomía– es la encargada de fiscalizar las cuentas de la Generalitat, de los organismos autónomos que dependen de ella y de las corporaciones locales. Es, en definitiva, la que controla que el dinero público se maneje correctamente.
Los actuales síndics –Vicent Cucarella, Síndic Major, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval– contaban con un mandato de seis años, que venció el 20 de junio de 2022. Pero ahí siguen, exactamente dos años después (ocho en total), sin que haya habido cambio alguno. Tanto en la anterior legislatura como en lo que ha transcurrido de la actual, los partidos han sido incapaces de llegar a un entendimiento para las renovaciones.
¿Existe alguna ilegalidad en esta situación? Lo cierto es que no, pero se trata de una anomalía. Los síndics no se encuentran en funciones puesto que no está contemplada tal figura. Mientras no haya renovación, el Consell que está en funcionamiento mantiene todas las funciones y competencias inalteradas. Así que lo que ocurre es que están con el mandato prorrogado sin que haya fecha de solución.
Los síndics siguen así haciendo su trabajo como si nada. Y a esperar. Continúan elaborando informes, asesorando, aprobando y ejecutando planes de actuación, firmando convenios, presentando las auditorías de la Cuenta General, etc. Lo único que no han hecho es un nuevo plan estratégico. El que estaba en marcha finalizaba en 2022 y han preferido no elaborar otro para no condicionar a los nuevos miembros. Si es que alguna vez los hay.
Vicent Cucarella, preguntado sobre este asunto, indica que funcionan con normalidad. "Es atípico que la renovación se retrase, pero aquí seguimos haciendo el mismo trabajo", señala. El tema es que nadie sabe por cuánto tiempo más.
A finales de la pasada legislatura, y después de que el propio Botànic pasara un poco del tema, el PSPV, Compromís y Unides Podem estuvieron cerca de un pacto de nombres, con el consiguiente reparto de puestos en otros órganos estatutarios. Pero necesitaban a un partido de la oposición. El PP ponía sus condiciones –no parecía muy entusiasmado viendo que podía ganar las elecciones– y con quien parecía fácil era con Ciudadanos, así que la izquierda dejó de lado a los populares y se fue con los naranjas. Sin embargo, éstos estaban en plena desintegración y los enfrentamientos a la interna provocaron que todo saltara por los aires.
Ya en la nueva legislatura y con la mayoría de la derecha, el PP ha intentado volver a negociar. Pero ahora es la izquierda la que no tiene prisa ni ganas. Los populares quieren sentarse a acordar los órganos estatutarios –la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura– junto al Consejo de À Punt y la dirección de la Agencia Antifraude, todo en pack. La izquierda no quiere pactar nada con Vox, una condición inasumible por el PP al ser sus socios de Gobierno. Sin contactos formales y con cada partido centrado en su estrategia, todo sigue paralizado.
