VALÈNCIA. Dos empresas y dos fundaciones son las favoritas para adjudicarse la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana tras la polémica que obligó a la Conselleria de Igualdad a repetir el concurso por excluir a las compañías privadas. Así lo recoge el acta de adjudicación de este contrato, previsto para el periodo 2020-2023 y que está dividido en cuatro lotes, cuyo importe global asciende a 21 millones de euros -sin IVA-.
El primer lote corresponde a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) ubicados en la provincia de Castellón; en concreto, en Castelló, Vinaròs y Vila-real. El presupuesto base de este contrato es de 1,98 millones de euros que se distribuyen a lo largo del cuatrienio y para la que la mesa de contratación ha propuesto a la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
El segundo lote recoge a la provincia de Valencia: Alzira, Catarroja, Gandia, Llíria, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Sagunto, Sueca, Requena, Xàtiva, Buñol y Torrent deberán contar con Puntos de Encuentro Familiar. Un total de 14 para los que se licita un contrato de 10,3 millones de euros que se distribuye en las cuatro anualidades. Este paquete tiene como favorita a la Fundación Antonio Moreno.
Por su parte, en la provincia de Alicante, los Puntos de Encuentro Familiar deberán situarse en Alcoi, Alacant, Dénia, Elda, Elx, Sant Vicent de Raspeig, Torrevieja, Vila-joiosa, Villena y Orihuela. La Conselleria calcula que tendrán un gasto de 7,9 millones de euros y, en esta ocasión, es una empresa la que tiene la máxima puntuación. Concretamente, Eulen Servicios Sociosanitarios.
Para Valencia capital corresponde íntegramente el lote 4, que tiene una dotación de 1,3 millones y para el que ha presentado la mejor oferta la compañía Factoría, Gestión y Consultoría SL. Aunque las entidades interesadas en el proceso podían presentar oferta a uno, varios o todos los lotes, solo podían ser adjudicatarios de uno de ellos. No obstante, sí podían resultar beneficiarios de más de un lote si alguno a los que presentan oferta resultaba finalmente desierto, algo que no se ha dado.
Cabe recordar que fue agosto de 2019 cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anuló el primer concurso de la Conselleria de Igualdad por restringir el acceso a la licitación tan solo a las entidades sin ánimo de lucro. Una resolución motivada por el recurso de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) junto a otras dos entidades del sector.
El TACRC consideró que no se podía excluir a las empresas en este concurso porque no se había "cumplido ninguno de los requisitos para no aplicar el principio de carácter general, consagrado en el artículo 132 de la LCSP, de prohibición de reservar contratos a entidades por su forma jurídica o por su falta de ánimo de lucro".
