Dos meses de retraso en la puesta en marcha de las cámaras para restringir el acceso en Ciutat Vella

VALÈNCIA. Más de dos meses han pasado desde que, según el plan del Ayuntamiento de València, tendría que haberse puesto en marcha el sistema de control de acceso de vehículos en el casco histórico de la ciudad. Abril era el mes elegido por la concejalía de Movilidad Sostenible para que entrara en funcionamiento el Área de Prioridad Residencial (APR) en el distrito de Ciutat Vella, si bien esto todavía no ha sucedido y el consistorio no ha anunciado otra fecha de inicio.

La intención de esta medida, impulsada desde el área que dirige Giuseppe Grezzi, es pacificar el tráfico en el cascarón del Cap i Casal y evitar los trayectos oportunistas y de paso, y lo hará impidiendo el acceso al casco histórico a aquellos vehículos que no estén inscritos en el registro municipal, a riesgo de percibir una sanción en caso de incumplir la restricción.

Según el cronograma presentado por el departamento, en abril se preveía empezar la fase informativa, en la cual no se sancionaría pero sí se informaría a los conductores infractores de su incumplimiento con el propósito de que pudieran tener un tiempo de adaptación para registrarse en la base de datos municipal. Pero esto, según fuentes del tejido asociativo del barrio, todavía no se ha producido.

Hace apenas tres semanas, el edil del ramo aseguró que los técnicos municipales se encontraban desarrollando trabajos relacionados con la implantación de la plataforma tecnológica con la que se controlará el paso de los vehículos autorizados a través de las cinco cámaras colocadas en los diferentes accesos al Área de Prioridad Residencial.

Así pues, según aclaró el propio Grezzi a mediados de junio, aunque las cámaras están encendidas, el consistorio está utilizándolas para recabar datos y realizar análisis internos y no todavía para realizar el control de acceso de manera oficial. Cuando se ponga en marcha, tras los trabajos informáticos, habrá un mes de prueba.

Así pues, podrán solicitar el permiso de acceso los residentes empadronados, propietarios o arrendatarios de viviendas o plazas de garaje, vehículos oficiales, servicios públicos, personas con discapacidad, los parkings públicos y los establecimientos de hospedaje, así como comercios y locales de la zona, empresas de mudanza o remolque y otro tipo de empresas y asociaciones que operen dentro del área delimitada. Aquellos que incumplan esta restricción podrían ser sancionados con hasta 200 euros de multa.

En marzo, los datos de los que disponía el consistorio era que había registrados más de 3.100 vehículos, de los cuales menos de la mitad -unos 1.250 aproximadamente- eran residentes. Otros, casi 500, eran propietarios de plaza de garaje dentro de la zona o alquilados, y otros 140, titulares de negocios en el seno de Ciutat Vella. Hay dos tipos de permiso, según plazo: uno permanente y otro con una validez de 24 horas. Y estos se conceden para vehículos sujetos a acreditación del titular o de libre elección.

El consistorio explica que el propósito de esta medida es reorganizar el espacio de estacionamiento en el entorno de estas centralidades, de modo que se prioricen los desplazamientos más sostenibles, evitar el acceso indiscriminado de personas usuarias externas o garantizar y ordenar el necesario acceso a estos ámbitos de vehículos de suministro y de vehículos que transporten personas con movilidad reducida.

Por otro lado, se busca la bajada de la intensidad del tráfico en esta zona residencial y una reducción de la contaminación, acústica y medioambiental, la reducción del consumo de energía y de los costes asociados al mismo.