Desde el Consistorio se asegura que la intervención de Arturo Torró ha sido “clave” en el caso de Lola Moncho
VLENCIA. 78.585 euros. Esta es la cifra que Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) deberá abonar a dos empresas que trabajaron para el Ayuntamiento en la legislatura del Partido Popular dirigido por Arturo Torró. Se trata de la empresa Business Assessement Plans and Projects SL (BAPP), propiedad de Manuel Lamela, y de la entidad Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, dirigida por el sobrino de Lola Moncho, quién fuera consejera de IPG a petición del Partido Popular.
Según la sentencia del juzgado de primera estancia número 3 de Gandia, el gobierno deberá abonar 42.000 euros a la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, dirigida por Ricardo Nadal Moncho, sobrino de Lola Moncho. Dicha mercantil facturaba 55.000 euros al año (al menos desde 2014) por servicios como la realización de informes y tareas de asesoramiento de proyectos como la Ciudad Agroalimentaria o la Torre dels Pares. Sin embargo, tal y como ha recordado el socialista Vicent Mascarell, liquidador de IPG, dichos contratos eran “ficticios” porque en la práctica “pagaba el jornal de Lola Moncho a razón de 4.235 euros al mes”.
Dicho contrato fue firmado el 21 de mayo de 2014 y renovado por un año el 15 de abril de 2015 en lugar del 1 de junio, fecha en la que originalmente finalizaba. Según ha explicado Mascarell, “a un mes vista de las elecciones de 2015 se “blindó” el contrato con esta mercantil. Es precisamente la rescisión del contrato por parte del actual gobierno a Lola Poncho la que ha desencadenado en la indemnización de 42.000 euros, más intereses legales desde la interposición de la demanda, con imposición de costas.
Tanto Vicent Mascarell como José Manuel Prieto, portavoz del Gobierno local, han insistido en el papel clave de Arturo Torró en este caso y han lamentado que “no ha dudado en comparecer como testimonio en contra de los intereses de Gandia”.
Por lo que respecta a la otra sentencia, el juzgado número 6 de Valencia obliga a indemnizar al Consistorio, con 36.585 euros, a la consultoría Business Assessement Plans and Projects SL (BAPP) por no haber pagado parte del informe que en su día se realizó sobre el puerto de Gandia. Cabe destacar que esta empresa es propiedad de Manuel Lamela, quién fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre (2003-2007). Igualmente, en 2013 Lamela fue imputado por delitos de prevaricación y soborno.
Según la documentación, la empresa pública municipal encargó el informe “Proyecto sobre la viabilidad de un plan de dinamización del Puerto de Gandia y de su área de influencia” en mayo de 2013 y aceptó pagar por él 66.555 euros (IVA incluido). El coste de cada una de esas 346 páginas es de 192 euros.
En el informe, al que ha tenido acceso este medio, se puede leer: “La flota pesquera se ha visto reducida a la mitad desde 1995”, “Gandia es uno de los principales destinos turísticos, muy centrada en el segmento de sol y playa” o “es crucial la participación, involucración, y colaboración en el tejido económico y empresarial de Gandia y la comarca de La Safor”. En opinión de Mascarell, este documento “dice obviedades” y carece de interés.
Vicent Mascarell, en calidad de liquidador de IPG, ha expresado que estas dos nuevas sentencias “vienen a confirmar la estrategia que beneficia a personas del entorno del Partido Popular y que cuentan con la complicidad del anterior alcalde, que participa en procesos judiciales para que estas personas cobren a través de sentencias”. Igualmente, ha recordado que IPG deberá desembolsar 500.000 euros por este tipo de casos, lo que significa que “Arturo Torró y el Partido Popular siguen saqueando con el mando a distancia las arcas municipales, utilizando recursos y terceras personas para beneficiar a sus amigos”.
Por su parte, José Manuel Prieto ha anunciado que también se van a pedir responsabilidades sociales a los anteriores gestores de IPG por este tema y ha sentenciado que “creemos que ha habido un perjuicio grave a los intereses de la ciudad y a las arcas municipales a favor de determinados actores implicados”.
Desde el Partido Popular han recordado que “la Justicia viene fallando en contra del modus operandi de los socialistas, quienes iniciaron la legislatura asaltando los despachos, sin un protocolizado traspaso de poder como marca la legislación vigente, e impidiendo y despidiendo de manera ilegal a muchísimos empleados públicos, que recibieron y reciben, el apoyo de las fuerzas sindicales y ahora también de la justicia”.
Igualmente, han calificado la rueda de prensa de “vergonzosa” y propia de unos “caraduras”, en referencia a “quienes están provocando pleitos, con sus acciones manifiestamente ilegales, para a posteriori allanarse en muchas causas judiciales, a través de acuerdos extrajudiciales lesivos contra las arcas municipales, o bien, dejándose perder en sede judicial”.
