Echávarri y el PSPV ponen fecha a su renuncia sin dimisión y urgen votos extra para bloquear al PP

ALICANTE. El PSPV y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, encuentran una posible solución a la crisis institucional instalada en el Ayuntamiento tras el procesamiento por dos causas distintas al que se enfrenta el primer (por los llamados caso Comercio y caso despido) y proponen un camino para procurar la elección de un nuevo alcalde. Esa solución, concertada este viernes tras la visita de urgencia del propio Echávarri a València, no es ni la dimisión voluntaria pero inmediata que la cúpula regional del partido había reclamado el jueves, ni la continuidad por la que venía apostando el entorno de confianza del alcalde desde que trascendió su primera imputación, en septiembre. Se trata de un planteamiento que parece modular las dos posiciones (un punto intermedio) y que procura la salida digna que se pretendía. Digna, además, para las dos partes: Echávarri anunció su dimisión, pero su marcha formal queda aplazada hasta el 9 de abril, con lo que vuelve a ganar tiempo (a priori, para apuntalar la investidura de Eva Montesinos como sucesora); y la cúpula del PSPV, con Ximo Puig al frente, consigue trasladar a la opinión pública que tiene el control de la situación, que se están tomando decisiones y que se están asumiendo las responsabilidades políticas que las circunstancias requerían.

Todo, desde la misma puesta en escena del anuncio, redundó en esa dirección. Primero, se permitió que fuese el propio Echávarri quien se explicase ante el secretariado de la comisión ejecutiva del PSPV. Segundo, se le dio el uso de la palabra para que hiciese público los términos del acuerdo. Y tercero, fue él quien se atribuyó la autoría de la propuesta y nadie corrigió sus palabras, de modo que se consiguió trasladar que su marcha era (o, mejor dicho, será) voluntaria, a la manera de Echávarri, no impuesta.

Lo cierto es que, según fuentes conocedoras de la reunión, el acuerdo (que se vino gestando desde la tarde-noche del jueves) se consideró y se aceptó en un clima cordial, de entendimiento, pese a tratarse de un asunto incómodo y duro. Eso sí, según las mismas fuentes, en el análisis de la crisis hubo dos reflexiones de interés. La primera: se le trasladó al alcalde que ya no podía haber marcha atrás y que se debía zanjar una situación insostenible. De ahí que, a su regreso a Alicante, formalizase el trámite de delegar sus funciones en favor de Montesinos como vicealcaldesa mediante la firma del decreto correspondiente. El vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, lo dejó claro ante la persistencia de las preguntas de los medios de comunicación: "Creo que no nos hemos explicado bien, es que Gabriel ya no va a volver a ejercer de alcalde", dijo. Y la segunda: que el acuerdo no fue unánime, no gustó a toda la comisión ejecutiva. Hubo voces que manifestaron su descontento en la medida en que, según alegaron, suponía sentar un precedente ante otros posibles casos similares y que el resto de fuerzas políticas podrían aferrarse a él para tratar de desgastar al PSPV exigiendo más dimisiones.

Sea como fuere, fuentes del partido y del entorno de Echávarri aseguraron, después de que el acuerdo se hiciese público, que la decisión de su marcha estaba tomada y su escrito de dimisión, firmado, por lo que ya es irrevocable: el alcalde dejará su acta el día 9, se cuente o no con los apoyos suficientes para investir alcaldesa a Montesinos (la número 2 de la candidatura socialista en 2015). A partir de ahora se abre un plazo de quince días para tratar de garantizar esa elección. El propio Echávarri explicó que, si él era el problema para afrontar esa negociación, desde este viernes dejaba de serlo. Otra cosa es que los grupos políticos de la oposición compartan esa opinión. Y a tenor de las valoraciones que las cuatro formaciones (PP, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) emitieron sobre el anuncio de dimisión, no parece que así sea. Todos reclamaron que Echávarri dejase ya el cargo, sin esperar al día 9, para poder negociar. 

Como viene informando Alicante Plaza, para garantizar la elección de Montesinos se necesita reunir al menos los votos de 15 concejales de los 29 que componen la corporación (mayoría absoluta). Hasta el momento, los socialistas (con 6 concejales) tienen asegurado el respaldo de sus exsocios de Gobierno, que ya han confirmado que no están dispuestos a permitir que el PP regrese al poder como lista más votada. Así, se contaría con 5 concejales de Guanyar y 3 de Compromís. Con esas alianza, en este momento, la suma de los tres partidos arrojaría 14 votos. Faltaría al menos un voto adicional de otro concejal: el PP tiene 8; Ciudadanos (Cs), 5 y el pleno se completa con dos ediles no adscritos, Nerea Belmonte (exedil de Guanyar) y Fernando Sepulcre (ex de Cs).

El objetivo del PSPV continúa siendo el de no depender del voto incierto de uno de los dos concejales no adscritos. El número 3 de los socialistas valencianos, José Muñoz, ha mantenido a lo largo de las dos últimas semanas dos encuentros con Belmonte sin que se cerrase ningún acuerdo sobre su posible apoyo. Hasta la fecha, la exconcejal de Guanyar (expulsada del grupo municipal y de Podemos por dar contratos menores de forma directa a afines, sin que se abriese ninguna investigación municipal ni judicial al respecto) no ha planteado ninguna condición formal para que el PSPV cuente con su apoyo, más allá de conocer cuál sería el proyecto que se pretendería llevar a cabo en el año que todavía resta para agotar el mandato. Sin embargo, sí viene manifestando desde hace meses tres circunstancias que deberían confluir para que ella votase a un nuevo alcalde: que Echávarri dimitiese, que el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, no volviese a asumir la Concejalía de Urbanismo y que se reconociese que se le había apartado del Gobierno sin haber cometido ninguna ilegalidad. Esa podría ser ahora su prioridad: la del reconocimiento de lo que considera un trato indebido. Si, además, se tramita la propuesta de reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) presentada en diciembre para que se le concedan los mismos derechos políticos que al resto de concejales, mejor. Eso, sin entrar a considerar la posibilidad de que se le pueda asignar retribuciones, como a todos los ediles de la oposición (salvo Sepulcre, que percibe ingresos de la Diputación Provincial). De hecho, esa probabilidad (la de que se le asigne sueldo) parece del todo descartada, ya que eso requeriría un acuerdo de pleno que difícilmente podría prosperar por falta de apoyos. Como poco, se da por seguro que no contaría con los votos de Guanyar, ni de Compromís, ni de PSOE y tampoco sería esperable que lo avalasen ni PP ni Cs.

El PSPV no ha hecho ningún acercamiento con Sepulcre. Y él tampoco lo espera. Como mínimo, no si antes no se ha producido la dimisión formal de Echávarri. Después, según apuntó a Alicante Plaza, escuchará qué proyectos se pretenden ejecutar hasta 2019 para definir su posición. 

Así que, descartado el PP, el papel decisivo para reunir la mayoría absoluta sigue estando reservado a los 5 ediles de Cs. De ahí que en la comparecencia de este viernes, tanto Echávarri como Mata señalasen expresamente al partido de Albert Rivera y apelasen a su responsabilidad para que el gobierno de Alicante no regrese a manos "del partido que ha expoliado a los ciudadanos". Como ha contado este diario, con el paso dado hacia la renuncia de Echávarri, la cúpula del PSPV emplazó a Cs a posicionarse y le trasladó la presión de decidir si Alicante mantiene el gobierno de corte progresista que se eligió en 2015 o si opta por el regreso del PP. La cuestión es que, por el momento, Cs sigue insistiendo en que no ha cambiado nada. Su portavoz municipal, Yaneth Giraldo, incidió este viernes en que no se podría negociar un posible apoyo a la investidura de la mano derecha de Echávarri mientras el alcalde no dimitiese oficialmente. Así que todo sigue abierto.