VALÈNCIA. El vicepresidente del Banco Santander y presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, ha defendido este jueves en el juicio que sigue la Audiencia Nacional contra la excúpula de Abengoa que la entidad no impuso la salida de Felipe Benjumea de la multinacional como condición para participar en la ampliación de capital si bien advirtió que la comunidad financiera no tenía "en absoluto" confianza en la gestión del entonces presidente y que si este no cesaba no se podría sacar adelante la operación.
"¿Lo que hicimos fue una imposición? No, porque no podemos imponer, pero dejé claro desde el primer momento que la operación no podía salir. No era una opinión nuestra, porque se lo hubiera dicho el primer día y no lo hice, lo palpamos de la comunidad financiera", ha dicho Echenique que ha matizado que fue sincero con Benjumea: "Mientras estés al frente, esto no sale", expuso.
El directivo del Santander declara en calidad de testigo en esta cuarta sesión de vista oral contra el que fuera presidente entre 1991 y 2015 además del exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y otros tres miembros de la Comisión de Nombramientos de Abengoa por las indemnizaciones millonarias que se devengaron a los dos primeros tas su salida de la empresa. Según la Fiscalía, ambos aparentaron su salida de la empresa pero siguieron vinculados a la misma para cobrar las cuantías estipuladas en los nuevos contratos para la alta dirección, que en el caso de Benjumea eran de 11,5 millones de euros y en el de su número dos de 4,5 millones.
Echenique, que ha matizado que ""en ningún momento intervinieron" en las condiciones sobre el pago de dichas indemnizaciones, ha explicado que fue en agosto cuando los hermanos Javier y Felipe Benjumea acudieron a su domicilio para exponerle que la situación de la multinacional sevillana era "bastante dramática" y que precisaban de una ampliación de capital. Este le respondió que "les iba a ayudar en todo lo que pudiera" porque Abengoa "tenía que sobrevivir".
Un mes después, en septiembre de 2015, el testigo comunicó por un lado a Antonio Fornieles -miembro de la Comisión de Nombramientos y uno de los cinco imputados- y por otro al propio Benjumea, que la comunidad internacional "no creía en la gestión de la compañía" y que la operación no saldría con el presidente al frente, el cual no "opuso resistencia" a abandonarla por el bien de la misma.
Sin embargo ha desmentido que esta condición naciera del Banco Santander -como así lo han explicado los cinco acusados durante su declaración en calidad de investigados- y ha precisado que si la operación de ampliación de capital por 650 millones en la que participaban otros tres bancos no salió adelante es porque "ninguno" quiso participar en la misma ya que "las cuentas no estaban claras". "Nosotros apoyamos sistemáticamente a la compañía durante todo el proceso", ha indicado.
También ha dicho que se enteró por la prensa de que, tras el cese de los dos exdirectivos (en junio y septiembre de 2015) ambos siguieron ligados a la empresa con un contrato de prestación de servicios para asesorar a sus respectivos sucesores. A juicio del fiscal José Perals, se trató de un movimiento para aparentar su marcha de la sociedad como si fuera una condición impuesta por los bancos cobrando las indemnizaciones "a las que no tenían derecho" por la situación de endeudamiento de la compañía.
El vicepresidente del Banco Santander ha insistido en varios momentos de su declaración que él se desentendió de las negociaciones posteriores. "Esa pregunta me ofende", ha dicho tras ser cuestionado sobre si fue la entidad que preside Ana Patricia Botín la que precipitó la caída de la empresa que controla la familia Benjumea desde los años cuarenta.