VALÈNCIA. La crisis provocada por el coronavirus ha obligado a la mayoría de administraciones a modificar sus cuentas para paliar el impacto económico y social ante la parálisis de la actividad. En estas semanas se han ido anunciando diferentes líneas de ayudas y la compra de material para minimizar los efectos, pero todo ello con cargo a las arcas públicas. Un escenario que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha obligado a la Generalitat a recortar partidas de sus presupuestos para poder hacer frente a la actual situación de estado de alarma.
Este ha sido el caso de la línea de ayudas para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana, que lanzó en enero la Conselleria de Economía, y que ha tenido que ser anulada porque parte de su dotación se ha destinado a fines relacionados con la pandemia. Una convocatoria, enmarcada en la tercera fase de implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, a la que se habían presentado 730 empresas y que contaba con un presupuesto de 31,9 millones de euros.
El complicado puzzle presupuestario al que se enfrenta el Consell ha obligado al departamento que dirige Rafa Climent a hacer recortes y prescindir prácticamente de estas subvenciones para destinar la mayor parte del montante a los 57 millones de euros para los autónomos anunciados por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se trata de unas ayudas directas de hasta 1.500 euros por trabajador que se podrán solicitar a partir de este miércoles.
"El gran impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad obliga a que las administraciones públicas adopten con la máxima celeridad medidas que puedan paliar en la medida de lo posible sus efectos, tanto en ámbito sanitario como económico", indica Economía en una resolución publicada este pasado martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para justificar la anulación de la convocatoria.
Y es que desde la Conselleria se apunta que la rápida parálisis de la actividad económica está afectando a todos los sectores de la economía, pero con especial incidencia en el colectivo de las personas trabajadoras autónomas, que "se han visto obligadas por el decreto de estado de alarma al cierre de sus negocios". Un nuevo escenario que, según subraya este deperatamento, aboca a la "reorientación de los créditos reservados para fomentar las inversiones de las pymes industriales hacía los autónomos".
Concretamente, de los 31,9 millones previstos para las pymes industriales se destinarán casi 26,8 para las ayudas a los autónomos. Y es que, según explican a Valencia Plaza fuentes de Economía, estas ayudas iban a resultar "ineficientes" dado que su finalidad es el fomento de inversiones y "la parálisis económica mundial ocasionará una previsible retracción de la actividad inversora industrial".
Además, recuerdan que la suspensión de la tramitación de los procedimientos administrativos "no permitiría asegurar la resolución de las ayudas antes del mes de agosto, ni la realización, en muchos casos, de las inversiones antes de finalizar el mes de octubre haciendo claramente ineficiente la continuidad de esta convocatoria".
Pero no es la única partida que se ha visto afectada. También la convocatoria de ayudas del Ivace destinada a proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos, y áreas industriales se ha quedado sin presupuesto. Dotada de 27,2 millones de euros, el importe completo ha ido para las ayudas a los autónomos.
El resto del montante de esos 57 millones sale del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora: 1,5 millones del capítulo 2 de gastos de funcionamiento y 2 millones de su línea de proyectos singulares para colectivos vulnerables.