CASTELLÓ. La Conselleria de Economía ha acabado dando la razón a BP sobre el conflicto abierto en torno a las elecciones sindicales celebradas en la refinería del polígono castellonense de El Serrallo a principios de marzo y que ganó el sindicato STR sobre UGT. La administración ha estimado parcialmente la reclamación interpuesta por la firma contra la decisión de la mesa electoral de excluir del censo a determinados empleados por ostentar puestos de responsabilidad.
Así pues, el órgano de arbitraje dependiente de la Conselleria ha determinado que parte de los trabajadores que quedaron fuera del censo -y que por tanto no podían votar ni ser elegidos- tendrían que haber podido participar de los comicios. Concretamente, la Conselleria se refiere a 20 de las 26 personas afectadas en el laudo emitido el pasado 20 de marzo. La empresa pedía que todos los trabajadores excluidos fueran incluidos, de manera que a la postre tampoco se han cumplido sus pretensiones al completo.
"A pesar de que en el censo sí aparecen con categoría de directores [...] no ha quedado acreditado que estas personas tengan un poder de dirección tan autónomo como para poder ser considerados excluidos de la representación de los trabajadores", asegura el laudo, que sigue explicando que estos 20 empleados "no aparecen ni en el organigrama de la empresa, no cuentan con poderes ni tampoco ha quedado probado por ninguna de las partes que tomen decisiones que impliquen asumir el rol de alta dirección".
Respecto al resto, sí "se observa que hay poderes otorgados a determinadas personas que implican una autonomía que permite la dirección y la toma ded decisiones directas que afectan a los objetivos globales de la compañía". Y en ese sentido, asegura el documento, "queda claro que aquellas personas que no sólo ostentan el cargo del director sino que además poseen unos poderes de tal amplitud que permiten la toma de decisiones que pueden tener una gran repercusión en el negocio o las personas que prestan servicios en él no pueden ser incluidos como electores o elegibles en el censo electoral".
Así pues, con todo esto sobre la mesa, la Conselleria ha dictado que se debe "retrotraer el proceso hasta el momento de la realización del censo electoral". Lo que obligaría a volver a iniciar el proceso electoral y a la repetición de las votaciones. Una decisión que el sindicato STR amenazó con llevar a los tribunales por estar en desacuerdo. Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que se ha alcanzado un principio de acuerdo para dar los resultados por definitivos y aplicar el criterio arbitrado de cara a los próximos comicios.
A través de este proceso, iniciado a finales de enero, se elegían 17 representantes sindicales. En las últimas elecciones, celebradas en 2019, las votaciones arrojaron un resultado de ocho representantes para la Unión General de Trabajadores (UGT), cinco de la sección de Alternativa sindical y cuatro del Sindicato Independiente. Los comicios de 2023, sin embargo, en este caso ha sido cosa de dos: solo se presentaron UGT y el Sindicato de Trabajadores (STR).
Los comicios resultaron en clara victoria para el Sindicato de Trabajadores (STR) al obtener la mayoría de representantes sindicales: 10 de los 17 representantes en el Comité de Empresa. UGT se llevó los siete restantes. Concretamente, el STR venció en el colegio de especialistas, donde obtuvo 164 votos frente a los 11 de UGT y, a la postre, consiguiendo la totalidad de los siete representantes en liza que había en este colegio. En el otro, el colegio de técnicos, se elegían 10 representantes. Y aquí, la victoria de UGT, que consiguió siete, no valió para ganar las elecciones, al hacerse con los otros tres el Sindicato de Trabajadores. En total, eran más de 530 los empleados llamados a las urnas en el seno de la refinería de El Serrallo.
