Economía para no alarmistas (I)

VALÈNCIA. Tras una legislatura en la que la movilidad urbana en todas sus vertientes ha tenido un gran protagonismo y en la que, en particular, los autobuses han cobrado un rol específico como los instrumentos por excelencia de la propaganda política analógica en la era digital, parece que el PSPV-PSOE ha decidido coger el toro por los cuernos y asumir un reto a la altura del siglo, el mismo en el que Susana Díaz fracasó recientemente: pasar de puntillas por la campaña electoral y vencer en unas elecciones sin bajarse de uno, aunque ya no haya XimoBus propiamente dicho.

Sólo así se explica el rol presidencial asumido por Ximo Puig desde que avanzara las elecciones autonómicas ignorando a su socio Compromís, y más aún desde el inicio de la campaña propiamente dicha: no entrar en debates con nadie, ni tan siquiera en el propio debate entre candidatos en la Cadena SER, prescribir confianza ante un futuro Gobierno socialista en Madrid en los mismos temas en los que el actual no ha movido un dedo en firme en diez meses -como la reforma de la financiación autonómica- y sacar pecho de las cifras macroeconómicas de una legislatura en la que se ha creado empleo neto.

El concepto clave es optimismo: en tanto que el Botànic -al lado de sus correlatos municipales, no lo olvidemos- ha sido capaz de levantar en buena medida la hipoteca reputacional mediática que pesaba sobre el País Valenciano, el resto de problemas estructurales se van a resolver igual de rápido. A las voces que advierten de los síntomas de desaceleración económica y los problemas que atenazan a la economía valenciana las tacha el President de “alarmistas”, como hacía recientemente en una entrevista en La Vanguardia, mostrándose optimista con la capacidad de adaptación de las empresas valencianas. Y en este sentido, si bien existe una discrepancia en cómo afrontar la relación con el Gobierno del Estado respecto a la financiación y las inversiones -que no es un tema menor, ciertamente- el análisis y la posición de Compromís en materia económica no es a grandes rasgos muy diferente.

Más allá de los triunfalismos propios de toda campaña electoral, lo cierto es que el País Valenciano no ha tenido la pasada legislatura crecimientos del PIB muy distintos a los de las Comunidades Autónomas similares y limítrofes, gobernados por partidos de distinto signo, y que en todo caso este crecimiento económico y tendencias positivas provienen de 2014; antes, por tanto, del cambio de gobierno en la Generalitat. Y ciertamente el empleo se ha recuperado, pero al finalizar el primer trimestre de 2019 los algo más de 2 millones de trabajadores ocupados en el País Valenciano no llegaban a la cifra de ocupados del último trimestre de 2008. Pero aquí sí que hay diferencias, al menos frente a la media española: durante esta legislatura se ha creado un empleo más temporal que la media (casi un 30% de empleo temporal frente a algo más de un 27% estatal) y con salarios más bajos (desde 2012, los salarios valencianos y por tanto la renta disponible bruta han caído más de un 1% frente a la media española, situándose hasta un 10% por debajo de la misma). Ajustes que se han cebado especialmente en los trabajadores temporales y los sectores de sueldos más bajos. Las empresas valencianas son más adaptables que en 2008, sí… a un alto precio en términos sociales.

La recuperación del empleo en estos términos de precariedad se salda en unos términos muy concretos: un análisis del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión del CEU y Cáritas hablaba, aún en 2017 y mientras el turismo tocaba máximos, de unos ingresos por hogar todavía un 5% por debajo de los que había en 2007. Y con unos damnificados muy concretos: el 60% de los parados valencianos entran en la categoría de pobres, pero también -y esto es más novedad- un 40% de aquellos que tienen contratos temporales también lo son, con lo que la definición de pobreza alcanza a un 25% de los hogares valencianos.  E incluso dentro de estos, la pobreza tiene rostro de mujer: las mujeres tienen casi el doble de posibilidades de tener un empleo temporal y/o a tiempo parcial que los hombres entre los empleos de nueva creación. Desde 2012 los salarios reales -o renta ajustada disponible bruta- han sufrido estancamiento, si no directamente caídas, mientras el beneficio empresarial no ha dejado de subir, como podemos ver en el gráfico. Y esto, antes de la desaceleración… ¿como puede estar tranquilo y optimista un gobierno de izquierdas?

Este ajuste, no obstante, no es homogéneo por sectores. De acuerdo con los datos del observatorio de salarios valencianos de Adecco, las remuneraciones en la industria están un 11,9% por encima de la media, los servicios (-2,8%) y la construcción (-2,2%) están claramente por debajo. Aún más interesante es ver qué ha pasado con el poder adquisitivo de las y los trabajadores en la salida de la crisis, de 2012 hasta 2017 (últimos datos disponibles): se ha incrementado un 2,2% en la industria, incluso por encima de la media española, pero ha caído un 5’5% -casi el doble que la media estatal- en construcción, y también significativamente en los servicios, un 4,2%. Está claro cuál ha sido la salida valenciana a la crisis: no sólo ha seguido la senda española de devaluación salarial, sino que la ha superado con creces.

Las políticas de la Generalitat en este período, y la de los ayuntamientos que reproducen más o menos su equilibrio de fuerzas, como es el caso paradigmático de València, no ha pasado en la mayoría de casos de remar a favor del ciclo económico, con una administración -eso sí- algo más eficiente de los recursos públicos. El modelo está más que claro: devaluación salarial en servicios, construcción y hostelería, atracción de turismo barato en una combinación de acuerdos con compañías aéreas y promoción de grandes eventos musicales y deportivos y atracción de capital extranjero hacia el sector inmobiliario, todo ahora con un tamiz verde propio de los tiempos. Cuesta ver las diferencias sustanciales más allá de que ahora, y según palabras del propio Joan Ribó, los grandes eventos son bienvenidos y deben ser promocionados siempre que haya análisis de costes y estos sean asumibles. La Copa Davis, la Volvo Ocean Race o la apuesta de la Generalitat por los macrofestivales de música demuestran una continuidad en lo esencial con las políticas del PP y sin capacidad de imaginar algo distinto. Incluso la política cultural -que ha sido objeto de una amplia y saludable racionalización y revitalización- está inmersa en una dinámica cuantitativa, de planes estratégicos para atraer al máximo público posible y desde la lógica del posicionamiento urbano más que del acceso público a la cultura o la promoción de contenidos.

En esta misma línea, la reforma de la LOTUP, por tomar un tema que es competencia más o menos exclusiva de la Generalitat, ha preservado la posibilidad de urbanizar suelo por parte de promotores privados (los famosos PAI’s). Las llamadas Actuaciones Territoriales Estratégicas perviven bajo la fórmula de Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible, endureciendo algo sus condiciones, y la aplicación de planes como el PATIVEL han eliminado gran cantidad de suelo del mercado inmobiliario, pero se trata más de ajustes -en una dirección ciertamente algo más sostenible- que de un cambio de modelo: más bien parece que se quiera orientar el desarrollo urbanístico e inmobiliario hacia el interior de los núcleos urbanos. En cierta manera, cambiar el modelo de ciudad dispersa y de tipología unifamiliar propio del PP a la ciudad funcionalista de grandes hoteles, torres de apartamentos y oficinas y extensas zonas verdes que parece gustarle más al PSOE, sin que Compromís parezca tener una opinión demasiado clara sobre el tema. Véanse si no las soluciones propuestas para zonas emblemáticas como el Grau, la Marina, el Cabanyal o Benimaclet en la misma València: de la ciudad mediterránea compacta, con escasas alturas, plazas y comercios en la planta baja propia del País Valenciano no hay ni rastro en los nuevos desarrollos con marca Botànic/Nau.

Esta edición 2.0 -por ser generosos- del modelo inmobiliario-financiero en boga desde los 80 presenta unas debilidades estructurales evidentes, aunque parece que a nadie en la clase política y empresarial les importan demasiado: la recuperación de los destinos rivales en el Mediterráneo, proceso parejo a la pacificación en Siria y la reducción del terrorismo islamista (Turquía, Egipto, Túnez, etcétera); los riesgos asociados al Brexit, el acuerdo arancelario al que se llegue con el Reino Unido y la cotización de la libra esterlina, con la gran importancia que tiene el mercado británico en cuanto a turismo, pero también en la compra de vivienda; la alta afección que tienen en el turismo de bajo coste la subida del precio de los combustibles o la variación en las rutas áereas… y eso sin tener en cuenta el riesgo sistémico de una economía europea y mundial en desaceleración, con el efecto que eso puede tener sobre la compra de viviendas por parte de capitales extranjeros del que tanto depende la “recuperación”. Muchos interrogantes en el aire, y de momento sólo una respuesta: no seamos alarmistas.  

Francesc Miralles (Xàbia, 1988) es jurista y politólogo de formación y consultor de profesión, enfocado a la consultoría estratégica en los ámbitos de la política, las industrias culturales, la internacionalización y el desarrollo local. Colabora, además de en ValenciaPlaza, en medios como Àpunt, LevanteTV, El Temps o CTXT. 

Jordi Vila (Canals, 1993) es economista especializado en organización industrial y desarrollo económico. Ha trabajado tanto en América Latina como en Europa en proyectos de consultoría enfocados al desarrollo económico local y regional. Colabora en medios como ElDiarioCV o ElSalto.