VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Economía ha abierto un expediente sancionador por exceder el perímetro de explotación de la concesión a la empresa Canteras y Áridos Llaurí SL, explotadora de la cantera Girtal, ubicada en el término municipal de Corbera, y cuya titular es la empresa Áridos Romafe SL.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la dirección general de Industria y Energía (DGIE) ha tomado esta decisión tras analizar las conclusiones de un estudio técnico, encomendado a Vaersa, realizado en diciembre de 2018, tras el cual se ha preparado el correspondiente informe técnico de inspección, entregado a la DGIE en febrero de 2019.
Este informe técnico confirma que la empresa explotadora ha realizado labores de extracción de recursos fuera de los perímetros autorizados de explotación, aprobados en la resolución de 18 de enero de 1996 de autorización de ampliación de la cantera Girtal.
En este sentido, la superficie dentro del perímetro autorizado es de 146.866 metros cuadrados, mientras que el informe concluye que la extracción en exceso se ha realizado sobre una superficie de 31.065,94 metros cuadrados, con un volumen de 220.637,718 metros cúbicos de recursos, lo cual supone que se han adquirido derechos mineros careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
Por este motivo, y dado que de los hechos constatados se desprende que incurren en causa de nulidad o anulabilidad, la DGIE considera procedente la apertura de un procedimiento de revisión de oficio para determinar la existencia de causa total o parcial de nulidad de pleno derecho, de los actos administrativos de los planes anuales de labores, incluyendo también los proyectos de voladuras, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
La empresa ha solicitado en varias ocasiones la prórroga de la licencia con la que opera en la zona desde 2004, que es de restauración (no de explotación minera), según ha informado a EFE el alcalde de esta localidad, Jordi Vicedo (Compromís).
La última solicitud, de finales de 2017, no ha sido aceptada por el Consistorio, que reclama a la firma gestora un aval que garantice que cumplirá con la finalidad de la licencia, tras comprobar que en anteriores ocasiones no lo había hecho y, además, había obtenido beneficios de la explotación minera.
La empresa, a su vez, ha denunciado a Vicedo en los juzgados de Sueca por un delito de exacciones legales, supuestamente cometido al exigir a la empresa un canon de explotación y su colaboración en varias reparaciones e intervenciones municipales, "sin ningún tipo de proyecto ni presupuesto".
