VALÈNCIA (EFE/Mónica Collado). El desescombro del edificio incendiado el 22 de febrero de 2024 en el barrio de Campanar de València, que causó diez muertos y dejó a un centenar de familias sin hogar tras devastar 138 viviendas, sigue su ritmo y sólo le quedan dos plantas por limpiar para acabar a finales de este enero la limpieza, cuando falta un mes para que se cumpla un año del siniestro.
Tras ese incendio, que generó una gran ola de solidaridad y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, la limpieza del edificio es el paso previo a su reconstrucción, mientras continúa la compleja investigación judicial sobre lo sucedido, y su esqueleto, antes ennegrecido y ya completamente limpio, sigue como referente en la rotonda de este barrio de València.
El pasado 2 de septiembre comenzaron las obras de limpieza y desescombro del edificio, que ahora ya tiene la fachada limpia al 100 % y con prácticamente todas las plantas totalmente diáfanas y despejadas.
El presidente de la Comunidad de Propietarios, Fran Fernández, cuenta a EFE que solo quedan dos plantas por limpiar y que los jardines y la piscina que conforman las zonas comunes ya están completamente limpios.
Se preveía que los trabajos de desescombro se prolongasen cuatro meses, aunque finalmente será casi un mes más, y su coste (1,5 millones de euros) lo asumirán las compañías aseguradoras, igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).
El despacho de arquitectura Arque ha redactado el proyecto de reconstrucción de la finca, con un plazo de siete meses para plantear una propuesta en la que se cambiará sobre todo la fachada, para que no recuerde la tragedia, y que además será votada por los vecinos entre los bocetos que se les exponga.
El siguiente paso era convocar un concurso para que la comunidad de propietarios, que actúa como promotora de la rehabilitación, adjudique las obras de ejecución, que, según las primeras estimaciones, se podrían prolongar entre 12 y 18 meses y suponer un coste de 30 millones, a cargo también de las aseguradoras.
Fernández confirma que a finales de diciembre se presentó el proyecto básico al Ayuntamiento de València y la comunidad de vecinos ha votado una de las soluciones del diseño del edificio, cuya presentación está prevista en breve.
La Audiencia de Valencia acordó en junio la reapertura de la investigación judicial, que en marzo había archivado provisionalmente el Juzgado de Instrucción número 9 de València, al considerar que había que practicar nuevas diligencias para aclarar todas las circunstancias del suceso.
Se decretó a raíz de un recurso interpuesto por familiares de los cuatro miembros de la familia que falleció en el interior de su vivienda en el incendio, al que se adhirieron total o parcialmente la Fiscalía y otras partes como la comunidad de propietarios del edificio o la asociación de damnificados.
El Juzgado que investiga el incendio dictó una providencia, que atiende la petición formulada por la representación legal de los familiares de varias víctimas, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos y Protección Civil que intervinieron en el suceso conserven todas sus comunicaciones.
Además, escuchó a cuatro bomberos del cuerpo de València, un sargento, un cabo, un suboficial y el jefe del operativo que intervino en el incendio, que dijeron desconocer quién dio la orden de confinamiento a la familia (padre, madre y dos hijos) que murió en este siniestro y que cuando acudieron ya sabían que estaban confinados en su vivienda, en la planta octava.
El informe de la Policía Científica concluyó que el origen del incendio fue una pequeña fuga de refrigerante en el condensador del frigorífico de la cocina del apartamento 86 de la torre más alta del edificio del número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti y se propagó con rapidez, favorecido por las fuertes rachas de poniente que soplaba esa tarde.
Diez personas fallecieron y quince resultaron heridas, varias de ellas bomberos, y unas 400 personas, entre propietarias e inquilinas, se quedaron sin casa y sin absolutamente nada, incluida la documentación legal, pues las llamas arrasaron con todo.
El incendio del vanguardista edificio de València movilizó a las instituciones y a los ciudadanos en pro de los afectados y surgieron ayudas desde el vecindario y las comisiones falleras del barrio y desde sectores profesionales de toda España y colectivos sociales, en forma de ayudas económicas y materiales.
Las Administraciones también se volcaron con los damnificados por el incendio y tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València, que además cedió un edificio para que las 131 familias afectadas se instalaran de forma gratuita provisionalmente, impulsaron ayudas, mientras el Gobierno también facilitó la tramitación de documentación.