Educación acumuló el 38% de las quejas al Síndic de Greuges el año pasado

VALÈNCIA. Es la materia que el año pasado más preocupó a los ciudadanos valencianos. La Consellería de Educación de Vicent Marzà acumuló en 2017 un total de 6.661 quejas remitidas al Síndic de Greuges. Y, aunque las críticas más duras de la memoria anual de esta institución dependiente de Les Corts Valencianes fueron dirigidas al departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, la cifra de registrada por el departamento de Campanar no es baladí.

No en vano, representa casi el 40% de las denuncias totales que recibió el Síndic de Greuges. El órgano presidido por José Cholvi señala que supone "con mucha diferencia el mayor número de expedientes" de su actividad del anterior ejercicio. Así, la cifra responde mayoritariamente a movimientos colectivos generados frente a actuaciones de la administración. De hecho, un total de 3.438 denuncias provienen de un mismo municipio, Alcoi, por la supresión de unidades concertadas de bachillerato. Y que, en su momento, fue el argumento que utilizó el exdirigente del Bloc, Rafael Carbonell, para dejar la dirección del partido nacionalista.

Ahora bien, estas mismas circunstancias -la supresión de unidades concertadas de bachillerato- no sólo se dieron en esta ciudad. También acumularon un total de 1.225 denuncias de distintos municipios de la Comunitat Valenciana en las que los padres y madres de los alumnos acusaban a la administración "de actuar de forma unilateral y por razones políticas e ideológicas". 

Una acusación de la que el departamento de Marzà se defendía alegando que la Consellería se limitaba a aplicar la normativa vigente. En concreto, el Decreto 6/2017 que regulaba y renovaba los conciertos educativos. Pero que, durante el proceso de supresión de esos conciertos, provocó la reacción contraria de la justicia, ya que en algunos casos obligó al Consell a devolver las aulas concertadas de formación superior.

Decreto de plurilingüismo

Sin embargo, no fue el único frente abierto contra la Conselleria de Educación por parte de los ciudadanos. La aprobación del decreto de plurilingüismo provocó que se presentaran de forma conjunta un total de 618 quejas que mostraban su disconformidad con la norma que establecía el modelo lingüístico valenciano en enseñanzas no universitarias. 

Como consecuencia de la judicialización del caso -el TSJ dictó la suspensión cautelar en mayo del año pasado tras la denuncia de la Diputación de Alicante presidida por el popular César Sánchez, y posteriormente fue derogado por el propio Consell, lo que obligó a los partidos del Botànic a presentar un decreto-ley alternativo- el Síndic de Greuges suspendió la tramitación de los expedientes. Eso sí, lo hizo después de recibir la respuesta por parte del departamento de Campanar en el que también "daba respuesta a los argumentos de los denunciantes e informaba de la existencia de diferentes recursos contencioso-administrativos". 

La memoria anual de este órgano estatutario calcula que ambas cuestiones -la supresión de conciertos en bachillerato y el decreto de plurilingüismo- representan un 86,5% de todos los recursos presentados en el área de educación, la mayor parte de ellos en la provincia de Alicante (70%) seguido de Valencia (28,7%) y Castellón (0,44%). Un dato que muestra las dos decisiones de Marzà que más conflictividad han generado en la ciudadanía. 

Este hecho, además, permite calificar "como sensiblemente focalizada la conflictividad en esta materia" al tiempo que pone de manifiesto "el alto grado de organización y movilización de los colectivos de padres de alumnos que han contado, en casi todos los casos, con el apoyo y el soporte de los titulares de los centros afectados y de sus estructuras organizativas". Un espaldarazo, en este caso, a las protestas y a la lucha que determinadas organizaciones de madres y padres han realizado contra los proyectos más polémicos del conseller. Y que han supuesto un tirón de orejas por parte del defensor del pueblo en la Comunitat.

El nuevo decreto

El pasado mes de febrero los partidos que sustentan el Botànic aprobaron un nuevo decreto-ley que fijará, a partir de septiembre, el peso de las lenguas oficiales -valenciano y castellano- y del inglés en la enseñanza no universitaria. Así, la nueva norma fija que en los colegios públicos y concertados deben impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano y otro tanto en valenciano. Por lo que respecta al inglés, deja a elección del centro que oscile entre un 15% y un 25%.

Precisamente sobre esta nueva ley se pronunció la semana pasada la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La líder de los populares valencianos anunció que solicitaría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la administración central convocara la Comisión Bilateral con la Generalitat Valenciana porque a su juicio, tiene por posibles "signos de inconstitucionalidad". 

Unas declaraciones que no preocupan al conseller de Educación, que este miércoles aseguró estar "tranquilo" porque antes de tramitar la ley hubo contactos con el Ministerio de Educación, que solo puso en duda que en el artículo 11 de la ley se hable de "promover" que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano. "Ni mirándola con lupa hay por dónde presentarlo", zanjó.