a partir de un informe de la intervención
El Consell cifra en 1.000 millones los "sobrecostes" de Ciegsa
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El ente fiscalizador considera "irregular" el convenio de colaboración firmado entre la administración y la constructora de centros educativos que el actual Consell estudia poner en manos de la justicia
VALENCIA. El Consell aireó este miércoles el "informe definitivo de control financiero" realizado por la Intervención General de la Generalitat sobre las obras realizadas en el marco del convenio entre la Conselleria de Educación y la empresa pública Construcciónes e Infraestructuras Educativas (Ciegsa), un documento en el que el ente fiscalizador acusa a la administración autonómica de incumplir la ley al renunciar a la dirección y el control de las actuaciones de la firma pública.
Las conclusiones del informe -difundidas por la Conselleria de Educación, ahora liderada por Vicent Marzà (Compromís)- ahondan en el análisis de la gestión ya realizado por la Intervención General sobre las cuentas anuales de la misma, y en particular inciden sobre irregularidades en el convenio entre la Generalitat y Ciegsa, firmado en febrero de 2001 con el Partido Popular en el Gobierno.
"Las actuaciones encomendadas a Ciegsa carecen de presupuesto y control por parte de la Conselleria, se efectúan en base a un convenio de colaboración irregular que no se tramitó conforme a ley con la única finalidad de obtener financiación privada y acelerar la construcción de infraestructuras educativas que la Generalitat no podía ejecutar", asevera el informe.
El texto añade al respecto que "el empleo continuado de encomiendas o encargos que no reunían las condiciones necesarias supuso una vulneración de las garantías establecidas en la normativa en materia de contratación y de financiación".
En efecto, como indica la Intervención, Ciegsa fue impulsada por el Partido Popular con el claro objetivo de seguir construyendo centros educativos sin acrecentar con ello el déficit de la autonomía. Recurrir a la financiación privada, según recordaba este miércoles el Partido Popular, permitió la construcción de 610 nuevos centros educativos.
La Intervención, no obstante, ve irregular el modo en el que se materializó esta herramienta de obra pública llamada Ciegsa. "La conselleria renucnió a potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras que le reserva la Ley 3/1996 (...). Como consecuencia de esto, los distintos encargos efectuados por la conselleria han adolecido de una falta de control manifiesta y un vaciamiento de competencias", afea el informe. Los titulares de Hacienda y Educación, tras exponer el documento, deslizaron que el mismo podría acabar en manos de un juez tras su revisión en el pleno del Consell este viernes.
En cifras, el informe de la Intervención tasa en 457 millones de euros los gastos en los que incurrió Ciegsa para ejecutar las tareas encomendadas por Educación entre gastos financieros, costes laborales, servicios exteriores y tributos.
A esta cifra, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, suma otros 540 millones en los que tasa el sobrecoste de las obras -comparado con lo que, según estima a partir de los cálculos de Intervención, habrían costado los trabajos si los hubiera gestionado directamente la conselleria- para elevar a 1.000 millones el total del "sobrecoste".
Como informó este diario, la Intervención sólo tilda de sobrecoste la desviación de 310 millones de euros entre la suma de los importes de adjudicación de las obras (1.548 millones) y la del coste final de las mismas (1.858 millones).