"Nos consta que sí que hay indicios, al menos nosotros lo hemos visto, de que determinadas cosas no se hacían bien", dice el conseller
VALENCIA, (EFE). El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha desvelado que, "hasta hace bien poco, la Conselleria no parecía tener ningún control de las horas que realizaban de verdad los docentes de la concertada", y pagaba sin tener "ningún justificante o comprobante correcto" de las titulaciones ni de los horarios.
Marzà, que se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts en respuesta a una pregunta de Compromís, ha recordado que hay un proceso abierto en la Fiscalía para aclarar presuntas irregularidades en el pago de nóminas de la Conselleria a determinados centros concertados, en el que se ha personado la Generalitat.
"Nos consta que sí que hay indicios, al menos nosotros lo hemos visto, de que determinadas cosas no se hacían bien", ha aseverado el conseller, quien ha precisado que la gestión de la nómina y el control de pagos a la concertada no han sido durante muchos años "los más adecuados".
Ha asegurado que la Conselleria no disponía de mecanismos para saber si se estaban haciendo los pagos "que tocaba" a los docentes, pues el programa de las nóminas "no cruzaba datos" con el programa de horarios, con lo que por ejemplo había personas que constaban en nómina y no constaban en horario.
Marzà ha anunciado que han adoptado medidas para "poner orden", y así, han pedido que se acredite que las personas que están dando clase están tituladas para hacerlo, y están trabajando en una aplicación informática que permita cruzar datos y se pueda atestiguar que lo que se paga en nómina es lo que se hace en horario.
La diputada de Compromís Isaura Navarro ha explicado que su grupo presentó la denuncia porque no podía creer que hubiera docentes de 73, 80 o de 83 años trabajando a jornada completa, dando clases a adolescentes, a niños de primaria y de infantil, y se preguntaban si "los docentes religiosos están hechos de otra pasta".
La realidad, ha añadido, es que no estaban dando clases y muchos se habían jubilado años antes pero continuaban cobrando, y ha añadido que quizá esas personas "ni lo saben, porque quien cobra ese dinero son las congregaciones religiosas para las que trabajan".
Navarro ha indicado que, tras presentar la denuncia, "30 personas de golpe de estas edades fueron jubiladas", y ha acusado al anterior Consell de no aplicar ninguna medida de control.
La diputada ha afirmado que las congregaciones religiosas cobran directamente el dinero, y la Administración también paga la cotización de los autónomos y estas remuneraciones no están sujetas al IRPF, e incluso con dinero público se paga la mutualidad.
Ha criticado que en 2005 el entonces conseller Alejandro Font de Mora llegara a unos "acuerdos de privilegios" con la federación de religiosos de la enseñanza, pero ha considerado que el problema es "más grave si encima" esas personas no trabajan.
"¿Estamos hablando de financiación opaca a la Iglesia católica? ¿O estamos hablando sencillamente de financiación ilegal a estas congregaciones religiosas?", ha preguntado Navarro.