VALÈNCIA (EP). El 92% de las entidades locales de la Comunitat Valenciana rindieron cuentas del ejercicio 2016 ante Tribunal de Cuentas, lo que la sitúa como la segunda con un porcentaje más alto de toda España solo por detrás de Aragón, con un 93%.
Esta cifra es 16 puntos más alta que la media española, que se sitúa en el 76 por ciento, en lo que supone una mejora de tres puntos con respecto al año anterior, que se situó en el 73 por ciento. En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas apunta a que el cumplimiento sea requisito indispensable para el acceso de las entidades a ayudas y subvenciones.
En su 'Informe de Fiscalización del Sector Público Local del Ejercicio 2016' el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el grado de cumplimento de las entidades locales ha mejorado en tres puntos este año, desde el 73 por ciento hasta el 76. Por comunidades, el informe señala a las entidades locales de Andalucía como las que registraron peor grado de cumplimiento con un 45 por ciento y destaca en el tren de cola a Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria con un 62, 65 y 69 por ciento cada una.
En el lado contrario se encuentran las administraciones de Aragón y Comunitat Valenciana con un 93 y 92 por ciento, respectivamente, de cumplimiento con el Tribunal de Cuentas. También resalta que las entidades locales de La Rioja, Galicia, Canarias y Baleares alcanzaron un 87 por ciento de rendición.
La institución presidida Ramón Álvarez de Miranda recalca que las incidencias identificadas en las cuentas de las entidades locales han bajado ostensiblemente, en total se comunicaron en 686 cuentas institucionales y de media seis fallos por cuenta.
Con respecto a las entidades cabe subrayar el grado de cumplimiento de las diputaciones, 92 por ciento, y de áreas metropolitanas, 100 por ciento. Mientras que un 65 por ciento de ayuntamientos y el 75 por ciento de las comarcas rindieron ante el Tribunal de Cuentas.
En el otro extremo se encuentran agrupaciones de municipios y cabildos y consejos que solo cumplieron en un 21 y un 30 por ciento de los casos, respectivamente. Las mancomunidades, 46 por ciento, y las EATIM, (Entidad de ámbito territorial inferior al municipio), 54 por ciento, también registraron bajos grados de rendición.
Con respecto a los plazos marcados por la ley, el informe señala que el 61 por ciento de las entidades locales presentaron sus cuentas acorde a la legislación, cinco puntos mejor que en 2015, cuando solo lo hicieron un 56 por ciento.
También constata el Tribunal de Cuentas que el 80 por ciento de los ayuntamientos, el 95 por ciento de las diputaciones provinciales y el 80 por ciento de los cabildos y consejos insulares cumplieron en la fecha indicada. Las mancomunidades y agrupaciones de municipios registraron el mayor retraso en la presentación de sus cuentas, solo el 56 por ciento y el 29 por ciento lo hicieron en tiempo.
Sobre el retraso medio en la rendición de cuentas entre las entidades locales que las presentaron tarde, el Tribunal lo sitúa en 31 días, aumentándose en dos días el retraso medio con respecto a 2015.
Por comunidades, el documento destaca que las entidades de Baleares mejoraron en trece puntos la rendición en plazo, hasta el 87 por ciento. Igualmente destaca que las entidades andaluzas han mejorado en este apartado, un "incremento relevante" de doce puntos, destaca el informe aunque recuerda que Andalucía registraba niveles de rendición muy bajos el año anterior.
El Tribunal de Cuentas establece una serie de recomendaciones para que las entidades locales mejoren en su rendición de cuentas. Llama en un primer lugar a homogeneizar las normativas estatal y autonómica sobre plazos de rendición ya que genera divergencia en cuanto al plazo de presentación.
Igualmente, sugiere que se regulen plazos de presentación de cuentas más breves para aproximar la rendición de cuentas y facilitar el control a la gestión a la que hacen referencia.
Por otro lado, el documento firmado por Ramón Álvarez de Miranda recomienda promover reformas legales para que la rendición de cuentas sea requisito indispensable para el acceso de las entidades a ayudas y subvenciones. Constata que en las regiones donde se ha establecido esta medida se han registrado efectos "muy favorables".
