VALÈNCIA. El abogado del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, Santiago Milans, ha vuelto a solicitar la libertad del político preso por el presunto blanqueo de capitales derivadas de las mordidas de dos contratos durante su etapa al frente del gobierno valenciano.
Es la cuarta vez que Milans pide la excarcelación o el arresto domiciliario en virtud del artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla de decretar dicho arresto cuando la estancia en prisión entrañe grave peligro para la salud.
El letrado ha realizado esta afirmación según fuentes de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza porque Zaplana ha perdido 8 kilos desde que ingresó en la cárcel de Picasent y su estado de salud es precario.
Las mismas fuentes aseveran que la resolución de la Sección Quinta se conocerá a lo largo de la jornada.
Eduardo Zaplana está en prisión junto a sus presuntos testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau, tras ser detenidos el pasado 23 de mayo dentro del marco de la operación Erial. Tanto los tres presos como el resto de investigados, entre los que se encuentra la mujer de Zaplana, el exconseller Juan Cotino y sus dos sobrinos, su exjefe de gabinete Juan Francisco García y su secretaria, Mitsouko Henríquez, están imputados por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002). La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que la familia Cotino podría haber pagado en torno a once millones de euros.
Las indagaciones comenzaron cuando Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', entregó a la Guardia Civil un manuscrito con el esquema del supuesto movimiento de dinero negro entre sociedades para blanquearlo.
La causa continua bajo secreto de sumario y se prevé que siga así durante varios meses más mientras las Unidad Central Operativa de la Guardia Civil termina los primeros informes derivados de las detenciones.
De hecho, entre las pocas informaciones que se han hecho públicas desde que Zaplana ingresara en prisión se encuentra el decomiso de casi siete millones de euros entre efectivo, propiedades inmobiliarias, vehículos y enseres de los diferentes imputados en la causa ordenado por la magistrada y publicado por Valencia Plaza en exclusiva. Entre los enseres está la colección de relojes de alta gama del expresidente valenciano.
En ese auto, que decomisaba objetos comprados con dinero presuntamente de procedencia ilícita, se fechaba la primera compra en el año 2006, cuando supuestamente la trama adquirió un vehículo de alta gama con dinero negro.