VALÈNCIA. El alza de los costes ya está empezando a repercutir en el funcionamiento normal de las administraciones públicas. No sólo por el incremento de los gastos corrientes que tienen que soportar, sino porque en algunos casos están teniendo problemas para encontrar empresas a las que adjudicar los contratos. Ya se han registrado casos en los que las compañías que aspiraban a conseguir un contrato público han decidido retirarse al considerar que no les salía rentable con la evolución de los precios experimentada.
"No sale a cuenta meterte ahí, los precios han aumentado un 45% y no sabemos cómo va a evolucionar la cosa". Al habla el empleado de una de las compañías que se han tirado del barco a última hora en el concurso público para adjudicar el mantenimiento de la señalización del tráfico en València. El proceso de selección estaba finalizado, y a la hora de la adjudicación, tres empresas, una detrás de otra, han rechazado llevarse el contrato.
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento del Cap i Casal licitó el servicio para los próximos cinco años por más de 10 millones de euros. Cinco compañías concurrieron al concurso y los técnicos propusieron la adjudicación del contrato a la oferta ganadora, la de la empresa Visever. Sin embargo, llegado el momento de formalizar el contrato, cuando la compañía debía presentar la documentación pertinente, no lo hizo, y la mesa de contratación tuvo que tener por retirada la oferta.
Y así ha ocurrido con las tres empresas que le seguían en puntuación. Se intentó adjudicar a la UTE de Ferrovial y Pavasal, pero tampoco hubo suerte. De manera que se probó con la oferta que había obtenido el tercer puesto, la de Proseñal, con el mismo resultado negativo. Según los últimos documentos, se ha propuesto la cuarta compañía Tevaseñal, y si no se consigue, se intentará con la oferta con peor puntuación, de Señalizaciones y obras Fernández.
El alza de los costes en los últimos meses, especialmente tras el estallido del conflicto en Ucrania, se perfila como uno de los motivos, según las fuentes consultadas. "Hemos desistido por el aumento de los precios", señala un trabajador de una de las empresas en cuestión: "Este concurso salió el año pasado, han pasado seis meses", recalca, y durante este tiempo muchas cosas han cambiado.
Según explica, el contrato recoge una cláusula de revisión de precios, pero durante los primeros ejercicios estos deberían mantenerse: "Nosotros no sabemos cómo va a evolucionar todo, igual el año que viene...". "No sale a cuenta meterte ahí, los precios han aumentado un 45%", destaca en ese sentido. Y como motivo adicional, recalca, este contrato obligaba a subrogarse al personal de la compañía que presta el servicio de mantenimiento de la señalización. Condición que también desincentivaba la prestación del servicio, indica.
Ya hay concursos que se han quedado desiertos. Por ejemplo, en el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, dependiente del Ayuntamiento, para la compra de fertilizantes. Las dos empresas que se presentaron entonces acabaron declinando su oferta: los problemas de suministros y la incertidumbre sobre la posibilidad de hacer frente a las condiciones del contrato motivaron sus renuncias.
Además de este tipo de problemas, el Ayuntamiento de València ya se había topado con dificultades en las contratas ya en funcionamiento, especialmente debido a problemas en suministros. Por ejemplo, empresas que para obtener sus materias primas piden presupuestos de material "con validez de apenas algunas horas", o que piden "presupuestos por adelantado sin garantía" de que los productos "vayan a llegar en plazo o de que simplemente vayan a llegar", según fuentes municipales.
Uno de los casos paradigmáticos para comprender el impacto de la inflación en contratas públicas es el de los pabellones deportivos municipales. A finales de marzo una de las concesionarias de la Fundación Deportiva Municipal decidió cerrar "temporalmente" las piscinas y los spas de los recintos deportivos de Abastos y de Ayora por los costes "inasumibles" de la energía, utilizada especialmente para el calentamiento del agua empleada en las instalaciones. Así, aunque el resto de los recintos continúa funcionando "con normalidad", las zonas de agua permanecen cerradas casi tres meses después
