VALENCIA, (EP). El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, ha mostrado su satisfacción por la enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2017, que establece dos años de moratoria en cuanto a las expropiaciones rogadas, es decir, no necesarias para la gestión del desarrollo sostenible de la ciudad.
La nueva disposición, según ha informado el consistorio en un comunicado, recoge que "a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la Administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 5/2015, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2018".
Vilar ha indicado que se había llegado a pervertir la finalidad de la expropiación, habiéndose convertido en "un nicho de mercado de suelo ciertamente oscuro". Por ejemplo, en el ejercicio 2016 para las necesidades de la gestión urbanística solo se han gastado 317.000.000 euros, correspondientes a la apertura de la calle Hort de Sendra. Sin embargo, el gasto total en expropiaciones ha sido de casi 41.500.000 euros, motivados por sentencias y resoluciones del jurado, ha precisado.
Por otra parte, el concejal ha señalado que al finalizar el año 2014, la deuda recogida en la rúbrica 413 relativa a expropiaciones rogadas alcanzaba los 16.800.000 euros. Por el contrario, la deuda actual registrada en la citada rúbrica 413 sería de 2.415.500 euros, lo que supone una sustancial mejora en la gestión de pagos, ha destacado.
