El gobierno ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa Becos - propietaria de la discoteca- por el impago del acuerdo firmado durante la legislatura de Arturo Torró
VALENCIA. El gobierno de Gandia da carpetazo a uno de los problemas heredados de la anterior legislatura: La operación de cierre de la discoteca Coco Loco en 2012. Lo ha hecho a través de un acuerdo extrajudicial por el que Iniciatives Publiques de Gandia (IPG) tendrá que pagar la cantidad de 350.000 euros a la empresa Becos SL, propietaria de Coco Loco.
Esta operación, anunciada por Vicent Mascarell en calidad de miembro del consejo liquidador de la empresa pública, supone hacer frente a la indemnización por el impago de la renta de alquiler que, según la documentación encontrada en IPG, el anterior gobierno se comprometió a pagar aproximadamente 1.800.000 euros en 15 años. Por ende, supone para el consistorio un ahorro de 1,450.000 euros.
La cuantía de 1.800.000 euros corresponde al acuerdo firmado en 2011 con el gobierno dirigido entonces por Arturo Torró y la empresa que gestiona la discoteca, Becos SL, para poner fin a su actividad en primera línea de playa y trasladarse a otro lugar. Con esto, se pretendía acabar con las quejas vecinales pues la licencia de la discoteca Coco Loco le hubiese permitido estar por mucho más tiempo.
Un acuerdo que en su día Arturo Torró declaró que tendría “un coste cero”. Sin embargo, con la entrada del nuevo gobierno formado por el Partido Socialista y Més Gandia y apoyado por Ciudadanos, se descubrió un contrato de alquiler de la discoteca Coco Loco por el cual el Ayuntamiento, a través de IPG, estaba obligado a pagar 10.000 euros más IVA al mes durante 15 años. En total, 1.800.000 euros.
Un dinero de alquiler que Vicent Mascarell sostiene que “nunca se pagó” y por el que ahora el juzgado de Gandia obliga al consistorio a un desahucio forzoso. Además, el cierre de la discoteca supuso el cese de toda actividad pues desde entonces el local ha mantenido la persiana cerrada.
Precisamente por ese impago, Becos SL presentó una denuncia que fue admitida a trámite y por la que ambas partes han llegado a un acuerdo transaccional delante del juzgado de primera instancia número 5 de Gandia. Así, el consistorio deberá abonar los 350.000 euros en mensualidades de 50.000 euros más IVA a Becos SL durante 7 meses. Ambas partes convienen también en afirmar que IPG no es responsable del estado en el que se encuentre el interior del inmueble. “Con este acuerdo rompemos un contrato que suponía una losa inmensa para la ciudad por un espacio inútil”, ha enfatizado Mascarell.
Por otra parte, ha explicado que, aunque la empresa propietaria de este local puede hacer uso del mismo, la modificación que se ha producido en las ordenanzas impide que el espacio vuelva a emplearse como discoteca.
Para finalizar, Vicent Mascarell ha anunciado que el gobierno va a incluir tanto el coste de la indemnización de los trabajadores despedidos de SaforBici como el de los acuerdos alcanzados por el tema de Coco Loco dentro de la acción de responsabilidad social que la mercantil interpondrá contra los anteriores gestores de la empresa pública."Intentaremos que no les salgan gratis sus malas gestiones”, ha sentenciado.
Ante esta resolución, el Partido Popular ha avanzado que exigirá responsabilidades patrimoniales al ejecutivo local por los acuerdos adoptados con la empresa Beco SL. por permitir acuerdos extrajudiciales perniciosos para los intereses patrimoniales de la sociedad municipal.