El Ayuntamiento de València gasta más de 25 millones de euros anuales sin contrato

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València gastó al menos 25,11 millones de euros sin contrato durante el ejercicio de 2018. Es lo que se desprende del informe de control financiero elaborado por la Intervención municipal sobre el gasto consistorial del año pasado, desvelado por el Partido Popular, y que da un tirón de orejas al gobierno municipal debido a la precaria planificación en la gestión de los contratos públicos.

La Intervención pone de relieve que el consistorio desembolsó en 2018 más de 39 millones de euros que escaparon a su control fundamentalmente mediante dos vías. Por un lado se encuentran los servicios que funcionan mediante contratos menores -los llamados contratos 'a dedo'-, y por otro aquellos que continúan prestándose pese a haber expirado su contrato.

Estos segundos son los que suman, al menos, 25,11 millones de euros desembolsados por la administración municipal a empresas que prestan servicios al Ayuntamiento sin contrato. Esto ocurre porque, en ocasiones, dichas empresas habían sido adjudicatarias de un servicio para varios años, y tras finalizar el contrato, prórrogas incluidas, el consistorio no ha realizado el correspondiente concurso público por diversos motivos. En otros casos, el concurso sí se estaba realizando, pero se vio paralizado debido a los recursos interpuestos por las empresas.

Así, al tratarse de servicios que se consideran imprescindibles en una ciudad como València, las empresas no pueden dejar de prestarlo y siguen cobrando por ello. Eso sí, con facturas que escapan al control de la Intervención, una práctica que es legal pero cuyo abuso puede resultar motivo de advertencia.

El caso más llamativo por su cuantía es el del servicio de suministro eléctrico de la ciudad, una adjudicación que ganó Gas Natural. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo la nueva licitación, el proceso se tuvo que paralizar por litigios con las empresas aspirantes. Es por ello que, mientras, Gas Natural ha seguido prestando el servicio y se embolsó en 2018 casi 11 millones de euros sin fiscalizar. Otro servicio en el que ha ocurrido algo similar es el de mensajería, en el que Correos ha cobrado 3 millones de euros en esta situación. Por otro lado, Iberdrola se ha llevado más de 1,1 millones de euros por otro contrato de suministro eléctrico, además de otras contratas de servicios sociales de menor calado. 

No son pocas y en algunos casos se llevan arrastrando durante años. Sin ir más lejos, como ha venido publicando Valencia Plaza, la adjudicataria de la grúa municipal, la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, lleva cobrados más de 7,2 millones de euros tras casi dos años desde que se rescindiera el contrato por voluntad del gobierno municipal, quien no ha sacado aún la nueva licitación. Una situación sobre la que la Agencia Valenciana Antifraude ya ha alertado para su subsanación "con la mayor celeridad posible", si bien admite que no existe posible corrupción en ello.

Por todos estos casos, la Intervención, en este informe anual, insta a las concejalías responsables de estas contratas a que "prevean con suficiente antelación el momento de elaboración de los pliegos y el tiempo de tramitación del expediente de contratación" para evitar que haya empresas prestando servicios sin cobertura contractual. "En estos casos, podría hacerse uso de la figura de la contratación anticipada", recomienda el órgano de control.

¿Y cuáles son estas concejalías? La que más gasto sin fiscalizar aglutinó en 2018 es la que contiene la sección de Servicios Centrales Técnicos, que el pasado año estaba dirigida por el edil Sergi Campillo -ahora por Luisa Notario- y que desembolsó 15,7 millones en estas circunstancias, 6,6 millones más que el anterior ejercicio. Le siguen Movilidad Sostenible, de Giuseppe Grezzi, con 5,3 millones de euros sin control de la Intervención; y Limpieza, entonces encabezada por Pilar Soriano, con 4,2 millones de euros. Por detrás quedaron Bienestar Social, Ciclo Integral del Agua, Tesorería y Personas Mayores, y otras con menores cuantías.

14,4 millones en contratos 'a dedo'

El informe también recoge un análisis del gasto en los contratos menores, que en 2018 fueron 3.375 y que ascendieron a 14,4 millones de euros. Aquí, las concejalías que más contrataciones de este tipo realizaron fueron la de Cultura Festiva de Pere Fuset, con más de 380 contratos y 1,1 millones de euros; la de Acción Cultural de -entonces- María Oliver, con 240 contratos y otros 1,1 millones; y Bienestar Social, de la que fuera edil Consol Castillo, con 140 contratos y 900.000 euros.

Esta es una figura que permite eludir el concurso público a la hora de adjudicar una obra o un servicio. La administración elige el adjudicatario que debe realizar determinadas obras o servicios sin necesidad de seguir el procedimiento del concurso, siempre con el límite de hasta 40.000 euros en el caso de los de obras, y de 15.000 en los restantes. Es por ello que se ha generalizado la etiqueta de contratos 'a dedo'. Son útiles para agilizar la administración cuando se trata de pequeños contratos del día a día y permiten evitar el colapso de los servicios al sortear la tramitación de una licitación pública.

También estos contratos, cuando se suscriben, quedan fuera de control de la Intervención municipal porque desde el pasado mandato, el gobierno municipal eliminó dicho trámite para agilizar esta vía de contratación y aligerar la carga de trabajo de los servicios de funcionarios municipales.

El informe anual de la Intervención también estudia muy por encima a los proveedores con el propósito de ver si hay algunos que se han llevado importantes sumas de dinero mediante contratos menores. En sus conclusiones, la Intervención destaca la empresa Fomento Valencia, Mantenimiento y Limpieza (Fovasa), que según el sistema de información económica municipal, se llevó 92 contratos menores por valor de 600.000 euros el pasado ejercicio.

El PP critica la falta de fiscalización y de previsión en la contratación

Tras desvelar el contenido del informe de la Intervención, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Català, criticó con dureza la gestión del gobierno municipal en cuanto a la contratación del consistorio. "El informe confirma nuestras denuncias del abuso del gobierno de Joan Ribó respecto a los pagos sin fiscalizar", subrayó la portavoz.

Además, Català denunció la "falta de previsión y de planificación" en las licitaciones públicas, lo que lleva a tener que pagar a las empresas sin cobertura legal alguna. Y por otro lado, puso el foco en la cantidad de contratos menores adjudicados durante 2018. "La Intervención vuelve a poner reparos al exceso de contratos a dedo otorgados por el gobierno de Ribó", dijo, para añadir más tarde que desde que Compromís y PSPV se encuentran en el gobierno de València ciudad, se han suscrito más de 75 millones de euros en forma de contratos 'a dedo'.