El Ayuntamiento de València se guarda un as en la manga con el remanente frente a Montero

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València aprobó este jueves en sesión plenaria una modificación de crédito de 32 millones de euros para destinar gran parte del remanente de tesorería a amortizar deuda. Una solución, reversible mientras no sea ejecutada, que el consistorio adopta ante el temor -ahora casi descartado- de que el Ministerio de Hacienda que pilota la socialista María Jesús Montero pueda confiscar los remanentes de los ayuntamientos ante la imposibilidad constitucional de que los gasten durante el ejercicio para no incurrir en déficit.

Esta posibilidad que ha venido preocupando en el equipo de gobierno municipal, como en la práctica totalidad de corporaciones locales con remanentes de tesorería -la suma total supera los 5.000 millones de euros-, lo que ha animado a destinar esos 32 millones sobrantes a amortizar deuda, una manera de encapsular ese dinero, dado que el Estado sí contempla que se destine para ese uso y, no en cambio, para nuevas inversiones.

Ahora bien, la iniciativa acometida por el alcalde de València, Joan Ribó, en consonancia con el recientemente fallecido concejal de Hacienda, Ramón Vilar, cuyo cargo ha asumido Borja Sanjuán, permite una puerta atrás que puede resultar interesante para las cuentas del consistorio.

El Ministerio de Hacienda viene trabajando en un decreto que permitiría ceder el remanente al Gobierno con el compromiso de que el 35% de esa cantidad pudiera ser transferida a los consistorios a lo largo de este año y del siguiente, mientras que el 65% se devolvería al ritmo de un 10% anual. Una solución que, sin ser la más deseada por las entidades locales, sí permite cierta flexibilidad a los ayuntamientos. 

El beneficio de amortizar deuda reside en que baja los ratios y facilita la capacidad de endeudamiento, aunque esa capacidad también tiene un límite y no alcanzaría los 32 millones a corto plazo. Por contra, un fondo activado como el que estudia implantar el Ministerio de Hacienda permitiría tener más 'dinero en mano' al consistorio. Más aún cuando en el decreto podría existir más flexibilidad con el techo de gasto y el límite de endeudamiento, lo que abriría más opciones al ayuntamiento de disponer de fondos para invertir ante una más que previsible caída de ingresos por la pandemia. El departamento que desde esta semana dirige Borja Sanjuán estima que la pérdida de ingresos será de 3,3 millones de euros por cada punto que baje el PIB, lo que significa más de 30 millones de euros con las previsiones actuales.

El as en la manga que tiene Ribó con la medida aprobada este jueves es que le da margen de tiempo para calcular cuál de las dos soluciones le conviene más y, en caso de querer acogerse a la del ministerio, tiene la opción de revocar la decisión de destinar el remanente a amortización, mientras no la ejecute, con otra decisión en el pleno municipal. Así, con la maniobra de enviar el remanente a la amortización de deuda, el Ayuntamiento de València evitar 'pillarse los dedos' sea cual sea la fórmula que apruebe el ministerio.

Ribó y PSPV rechazan la moción del PP para pedir al Gobierno disponer de la totalidad del remanente

Por otro lado, el gobierno local rechazó la moción del PP para exigir al Gobierno de España "las infraestructuras productivas de la ciudad de Valencia" y la "autorización a los consistorios de disponer de la totalidad de sus remanentes de tesorería, es decir los ahorros del Ayuntamiento de Valencia", además de reclamar financiación para la EMT.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Català, proponía "alcanzar un acuerdo para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a impulsar las infraestructuras estratégicas que Valencia tiene pendientes y para exigirle más financiación para la EMT y que autorice a los consistorios disponer de la totalidad de sus remanentes de tesorería".