El Ayuntamiento de València se 'traga' el pelotazo de Tabacalera para no perjudicar a terceros

VALÈNCIA. “A día de hoy seguimos pensando que fue perjudicial para los intereses de la ciudad y para las arcas municipales”, admitía este miércoles el concejal de Urbanismo de València, Vicent Sarrià. Pero, mal que le pese, el Ayuntamiento se verá obligado a dar por bueno el pelotazo de Tabacalera. Y lo tendrá que hacer para no perjudicar a terceros. Una moción que se presentará el próximo lunes en la Comisión de Urbanismo emplazará a rehacer una de las naves derruidas, si bien legalizará los pisos de lujo ya construidos, ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia del TSJ que anulaba la permuta de terrenos que dio pie a la operación inmobiliaria más escandalosa de la era Barberá (algo que hay que reconocer que tiene mérito). La permuta, que fue denunciada en su día por el PSPV, permitió a la inmobiliaria Guadalmedina, propiedad de Enrique Ballester, lograr grandes plusvalías y, a cambio, la ciudad de València perdió decenas de millones.

La historia se remonta a principios de siglo, en 2002, cuando, en plena efervescencia del sector inmobiliario, Ballester compró a Altadis la mitad del edificio que la empresa empleaba para producir cigarrillos. En 2003 el conjunto fue declarado Bien de Relevancia Local por la Generalitat, y, meses después de la compra del edificio, la empresa solicitó al Ayuntamiento que le realizara una permuta por un solar frente a la Plaza América, al final de Navarro Reverter, junto al antiguo cauce del río, así como que le permitiera construir dos nuevos edificios en Micer Mascó, a espaldas del edificio de Tabacalera.

Barberá aceptó y ordenó que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana, cambio que se realizó en 2005. Tras ello, el consistorio regido por Barberá y la inmobiliaria firmaron un convenio el 30 de mayo de ese año por el cual la ciudad se quedaba el edificio histórico y autorizaba la operación que solicitaba Ballester: a saber, nuevo solar y dos edificios más. Poco después se obtuvieron los permisos de la Generalitat (entonces era conseller de Territorio y Vivienda el hoy eurodiputado Esteban González Pons), que aprobó la modificación del PGOU en una resolución firmada por el conseller el 30 de junio de 2006.

Entonces se vendió que la operación devolvía a la ciudad un edificio histórico que, una vez restaurado, se emplearía como oficinas administrativas. Pero desde el principio las cuentas no salían, como denunció el entonces concejal Rafa Rubio. Según los cálculos que éste hizo en 2009, Guadalmedina sólo se había gastado 116 millones: 60 por la adquisición del complejo de Tabacalera, 14 por la recalificación de las naves traseras, las de Micer Mascó, para hacer posible la construcción de viviendas y 42 por la construcción de los dos nuevos bloques de edificios. A cambio obtendría 284 millones: 119 por el edificio de Plaza América y 165 por las dos fincas junto a Tabacalera. Alguien había valorado el suelo público muy barato. El PSPV calculó entonces las pérdidas para la ciudad en 60 millones de euros.

Sus denuncias no prosperaron pero sí las de un colectivo ciudadano, Salvem Tabacalera, que se centró en el daño al patrimonio cultural y en el acuerdo de la Conselleria de Territorio y Vivienda que autorizaba la modificación del PGOU. Con todo, no fue fácil. El primer recurso contencioso-administrativo solicitaba también la suspensión del acuerdo de la Generalitat, pero la anulación le fue denegada a Salvem Tabacalera en octubre de 2006. El recurso de súplica insistiendo en la anulación también fue desestimado en febrero de 2007. Las obras salieron adelante. Las naves se demolieron. Se construyó una finca de lujo en Micer Mascó. Otra en Navarro Reverter. En ambas se instalaron algunas de las personalidades más relevantes de la ciudad de València. Se restauró Tabacalera. Quedaba por construir una segunda finca en Micer Mascó.

En esas llegaron noticias del juzgado. El TSJ falló. El primer recurso contencioso-administrativo fue desestimado en abril de 2010, pero Salvem Tabacalera, inasequible al desaliento, interpuso recurso de casación, el Supremo les dio la razón en julio de 2013 y ordenó admitir pruebas rechazadas en su día. El recurso volvió al TSJ y, finalmente, el 30 de octubre de 2015, fue estimado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana. La permuta no era legal. La que recurrió entonces fue la inmobiliaria, pero el pasado 1 de febrero su recurso fue desestimado por el Tribunal Supremo.

Técnicamente eso implicaba volver a atrás en el tiempo, como Marty McFly, al Plan General de Ordenación Urbana anterior a 2005. El problema es que dejaba fuera de ordenación el edificio de oficinas municipales de Tabacalera; un edificio de pisos de lujo de nueva planta en Micer Mascó 42, cerca de Mestalla; y otro edificio de pisos de lujo de nueva planta en Navarro Reverter 7. Había que darle solución. Y se ha optado por el mal menor. 

El próximo 22 de mayo la comisión de Urbanismo propondrá encargar la redacción del nuevo instrumento de planeamiento para la ordenación urbanística de la manzana en la que se ubica el edificio municipal de Tabacalera, una moción en la que además, para no perjudicar a terceros, no se ordenarán demoliciones sino que se darán por buenas las edificaciones ya existentes, como también sucede por ejemplo en El Saler, y se dará una solución a la demolición de las naves. 

En la moción se señala que si bien el fallo judicial no reconoce situación individualizada alguna ni ordena la reconstrucción de la edificación demolida, desde el Govern de la Nau entienden que no se puede dejar las naves demolidas, ya que “supondría tanto como legitimar políticamente la grave agresión al patrimonio cultural a que dio lugar la modificación del PGOU anulada”. Que permaneciera el solar baldío sería admitir la derrota. Es por eso que se planteará reconstruir las naves situadas al fondo de la parcela recayente a la calle Micer Mascó y los segundos tercios de las naves laterales con fachada a las calles Naturalista Rafael Cisternes y Naturalista Arévalo Baca, una acción que se plantea como “objetivo prioritario”, ya sea reconstrucción mimética o no. Finalmente, se trasladará la edificabilidad pendiente en Micer Mascó a otro punto de la ciudad con “valor urbanístico similar” que aún está pendiente de decidir.

El concejal Sarrià cree que con esta moción se iniciarán por fin los trámites para dar cumplimiento a la sentencia. “Fue una modificación que en su día denunciamos”, explicaba, “y que solo respondía al interés de facilitar una dudosa operación urbanística y que a día de hoy seguimos pensando que fue perjudicial para los intereses de la ciudad y para las arcas municipales”, agregaba. No hay otra opción. “El tiempo transcurrido, las actuaciones derivadas de aquel convenio con aprovechamientos patrimonializados no permiten revertir la situación más que parcialmente a través de la reconstrucción de una de las naves protegidas derribadas y el traslado de la edificabilidad no ejecutada a otras parcelas”, añadía. Sólo tendrá un consuelo: Que “quedará en todo caso constancia de la forma arbitraria y contraria al interés general que el PP aplicó al urbanismo de la ciudad durante años”.