El Ayuntamiento municipaliza Turismo Valencia tras años de polémica

VALENCIA. El Ayuntamiento de Valencia ha convertido la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau en una entidad pública después de años y años de polémica sobre su situación jurídica. Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas ya insistían en el carácter público de una fundación que el gobierno de Rita Barberá se empeñó en defender como privada a pesar de que el grueso de su financiación lo aporta el Ayuntamiento de Valencia.

Todo este debate se produjo en medio de la vorágine del caso Nóos, donde el ex vicealcalde de Valencia y expresidente de la Fundación, Alfonso Grau fue juzgado -la sentencia aún no se ha dictado- por pagos presuntamente irregulares que la fundación realizó junto con Cacsa a la empresa de Iñaki Urdangarin para realizar los Valencia Summit de 2004 a 2007 de forma arbitraria y sin respetar la ley de contratación del sector público. 

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ya señaló en un auto que la cantidad abonada al Instituto fue "unilateralmente fijada". Un importe total de 1,044 millones de euros al que tanto Turismo Valencia como Cacsa se adhirieron "sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación", y que su beneficiaria "ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo".

La fundación también se ha visto salpicada recientemente en la última pieza abierta por el juez instructor del caso Taula, por presunta financiación irregular de la campaña del 2007 del PP municipal de Valencia. Tal como desveló en exclusiva Valencia Plaza, Turismo Valencia aparece en una lista de empresas donantes que la empresa organizadora de los actos, Laterne, elaboró junto a la lista de gastos, que superaban los 3 millones de euros, 20 veces más del presupuesto oficial. Según esta lista, Turismo Valencia habría aportado 531.000 euros.

Según explica la presidenta de la Fundación Turismo Valencia, Sandra Gómez, el nuevo carácter público de la fundación se aprobó en el patronato del pasado mes de diciembre con el fin de adaptar la realidad de la fundación a "lo que marca la ley". Y es que como ya señaló el Tribunal de Cuentas en 2012, más del 80% de los ingresos anuales percibidos por la entidad eran aportados por el Ayuntamiento de Valencia, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

"Si la mayoría de la financiación es pública, el Ayuntamiento tiene que tener la mayoría de los votos", apunta Gómez. Y es que precisamente en este hecho es en el que se escudaba el expresidente de la Fundación, Alfonso Grau, al señalar que la mayor ponderación de los votos del sector privado en la toma de decisiones suponía una 'unidad institucional bajo control privado’’.

Ahora, los derechos de voto de la parte pública en la comisión ejecutiva y el patronato han pasado de 34 a 51 sobre 100 debido a que la aportación municipal es de cuatro millones de euros al año mientras que la del resto de socios ronda los 300.000 euros. “Esta decisión dota de más transparencia y control sobre el dinero”.

No obstante, reconoce que desde la entrada de su antecesor, Joan Calabuig, ya se determinó que el modelo de contratación estaría regido por principios de publicidad, concurrencia, transparencia igualdad  y no discriminación, es decir, por la Ley de Contratos del Sector Público -algo que recoge su portal de transparencia-, con el fin de evitar situaciones como las del pasado.

Los empresarios, con miedo a perder influencia

En un principio los socios empresariales - Cámara de Comercio, Feria Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana, junto a la mayoría de las empresas locales del sector turístico- no estaban demasiado de acuerdo con la medida, sobre todo al pensar que la fundación seguiría siendo privada ya que veían un movimiento para tomar el control total sobre el ente. Sin embargo, finalmente será un ente público además de que Gómez señala la voluntad de que ellos tengan el poder de decisión a pesar de la mayoría sea pública. “Una de las preocupaciones que tenía el sector era perder peso y hemos hecho todo lo contrario, reforzar su participación real. Hemos creado grupos de trabajo con consignación presupuestaria donde pueden marcar los temas”, explica.

La presidenta de la fundación reconoce que han tardado casi un año en hacer esta labor pedagógica, pero celebra que finalmente el ayuntamiento pueda controlar las cuentas del ente al tener acceso a ellas el interventor. También el secretario del consistorio se incorporará a la comisión ejecutiva y al patronato. “Durante 20 años nadie del Ayuntamiento tocaba un papel, se hacía y deshacía sin control y nosotros hemos dotado de las herramientas y mecanismos de control y transparencia”. 

La comisión ejecutiva, según el nuevo planteamiento, estaría integrada por el presidente del patronato, cargo que ocupa Sandra Gómez, o por el director gerente, Antonio Bernabé, en el caso de que el primero no pudiera asistir. Junto a ellos, la Cámara de Valencia, la CEV y la Feria tendrían un representante cada uno al que se suma el secretario del Ayuntamiento. 

A pesar de esta percepción inicial de los empresarios, cabe recordar la buena acogida que tuvo entre ellos la llegada de Bernabé como director por su trayectoria vinculada al turismo, en la que llegó a ocupar el cargo de director general de Tourespaña, además del mayor entendimiento con la nueva estrategia de producto.

Los dos sueldos de Salinas

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, personado en el caso Nóos, pidió al juez José Castro la imputación del vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias señalando el carácter público de la fundación y el control que tenía el Ayuntamiento de Valencia con Grau a la cabeza a la que sumaron  declaraciones de diversos patronos que señalaban al vicealcalde como "responsable en la toma de decisiones".  

La concejala del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento, Consol Castillo, también señaló a uno de los beneficiarios de la situación, José Salinas, director-gerente de la Fundación Turismo Valencia desde 1991 hasta la llegada del Gobierno de Joan Ribó.

Gracias al carácter privado de la fundación, Salinas cobraba dos sueldos -la ley prohíbe cobrar dos sueldos públicos-, el de Turismo Valencia y el del Palacio de Congresos, en el que estuvo desde 1998 hasta 2015. Cuando Consol Castillo denunció esta situación en 2013, Salinas percibía más de 69.000 euros de sueldo público a través del Palacio de Congresos y 100.000 de sueldo teóricamente privado en Turismo Valencia. En total, 168.922 euros. En julio 2015, al entrar el nuevo gobierno municipal, Salinas tuvo que renunciar a uno de sus sueldos, aunque dos meses después fue relevado de sus dos cargos.