Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha rechazado que se asuman responsabilidades en el seno del consistorio, medida que instaba a valorar la Agencia Valenciana Antifraude tras constatar diferentes irregularidades administrativas en contratos culturales. El gobierno municipal aprobó este viernes un acuerdo para desestimar esta consideración del organismo que dirige Joan Llinares.
El acuerdo esgrime que la concejala responsable de la gestión en este caso, la edil de Acción Cultural el pasado mandato, María Oliver (València en Comú, marca blanca de Podemos), "ya no forma parte de la corporación municipal". Y por otra parte, sostiene que el personal municipal que intervino en los expedientes "actuó siguiendo las reglas" municipales de contratación. Así, consideran los técnicos del Ayuntamiento y el equipo de gobierno que "no toda infracción procedimental debe derivar en la exigencia de responsabilidad al personal" y que, por ende, entienden que no procede abrir un expediente para exigir responsabilidades.
La Agencia había detectado múltiples "irregularidades" en contratos de comunicación adjudicados desde la concejalía para el teatro El Musical (TEM), el auditorio La Mutant o las bibliotecas municipales. Entre ellas, por ejemplo, que los servicios de comunicación y redes sociales para los teatros y las bibliotecas entre enero y junio de 2019 se prestaron sin un contrato que los respaldara y se pagaron por el procedimiento del enriquecimiento.
Así se hizo, según Antifraude, pese a que se ha acreditado la "vinculación con la misma empresa para realizar servicios de índole similar durante tres ejercicios (2017, 2018 y 2019)" y pese a que "no se puede negar" que este servicio tiene un "carácter periódico y recurrente". "No parece que pueda mantenerse que las presuntas necesidades no fueran recurrentes, similares, reiteradas y previsibles", señalaba la Agencia en este sentido. En el caso de La Mutant supuso una vinculación con la misma empresa entre 2018 y 2020 "aunque formalmente no existieran cuatro contratos".
En ese sentido, Antifraude recuerda que existe fraccionamiento irregular de contratos cuando se usa esta figura "para cubrir necesidades recurrentes, similares, reiteradas y previsibles" como eran estas, "con independencia del período en que se realicen". Circunstancias que parecen concurrir en este caso según el informe de investigación definitivo de la Agencia.
Por otro lado, en algunos contratos sin concurso adjudicados por el área de Acción Cultural se afirmaba que se habían realizado estudios de mercado para fijar el precio a pagar por los servicios pero "dichos estudios no se aportan, con lo que carece de virtualidad dicha afirmación". En otro, directamente, no se dice cómo se ha estimado el valor del contrato. En ese sentido, la Agencia subrayaba que "para determinar el valor estimado de un contrato de servicios", como eran en este caso, se deben atender "los precios habituales del mercado", algo que no ocurrió.
En todos los contratos adjudicados se desconoce si se comprobó su efectiva ejecución. "En ninguno de los contratos estudiados se identifica de forma clara las acciones concretas en las que consistían los servicios de comunicación", lo que deriva en "la dificultad de comprobar que los servicios contratados o encargados fueron efectivamente prestados". A juicio de la Agencia, "no es razonable" que no se pidiera especificidad sobre las acciones de comunicación realizadas mensualmente por las empresas contratadas.
Así pues, todos los meses se facturaba una cuantía idéntica en los servicios de comunicación, independientemente de los servicios prestados. Esto, dice la Agencia, "infringe la normativa de facturación", que exige que debe constar "claramente identificado" el contenido de lo facturado "sin tener que hacer un ejercicio de imaginación ni sobreentendidos".
La Agencia instaba al Ayuntamiento a valorar la apertura de un expediente para exigir responsabilidades por estas irregularidades administrativas. Sin embargo, finalmente, el gobierno municipal ha rechazado acatar la recomendación de Antifraude, si bien sí ha aceptado otras mucho menos contundentes. Por un lado, la planificación "adecuada de la totalidad de los contratos administrativos" por parte de la concejalía, y por otra parte, el mejor control de los contratos en un futuro.
