Confieso que cuando se convocó la huelga feminista para el 8 de marzo no le vi sentido, y confieso que opté por callarme porque en la batalla por la igualdad lo mínimo que uno puede hacer es no molestar. No le veía sentido porque el propósito de la huelga, el declarado, era demostrar una obviedad, que sin el trabajo de las mujeres el mundo no funcionaría. Y porque el perjuicio para las empresas –las huelgas perjudican a las empresas, que son las que crean empleo– iba a ser directamente proporcional al número de mujeres que tuviesen empleadas y, más aún, al número de mujeres en puestos directivos. Si todas hiciesen huelga, una empresa dirigida por mujeres y con mayoría de trabajadoras tendría que cerrar el 8M, con los perjuicios económicos que ello supone, mientras que el empresario que se rodea de hombres tendría otro motivo para no cambiar: A menos mujeres, menos riesgo de huelga feminista.
Pero a medida que nos acercábamos al 8M vi que la convocatoria de huelga tenía un sentido que no era tanto parar el país como dar una sacudida a una lucha que, sin nuevos alicientes, empezaba a caer en la monotonía. Sin la huelga, este Día Internacional de la Mujer iba a ser otra jornada de buenas palabras, lamentos, lazos y la tradicional manifestación en morado con una asistencia muy inferior a la que merece la causa.
Por eso, el 7 de marzo, víspera del 8M, la convocatoria de huelga ya había sido un éxito. No se hablaba de otra cosa. Da igual si la siguieron más o menos mujeres, no importan los porcentajes de incidencia, no es relevante hasta qué punto se paró la economía. La huelga de mujeres españolas fue portada en los grandes diarios de todo el mundo, fue la envidia de los movimientos feministas de muchos países en los que, a buen seguro, habrá huelga el 8 de marzo de 2019.
El impulso de la convocatoria huelga multiplicó además la asistencia a las manifestaciones de la tarde. También aquí es secundaria la cifra de manifestantes, solo hay que ver las fotos y remontarse a las marchas de 2003 contra la intervención de España en la Guerra de Irak para encontrar una movilización de esa magnitud, al menos en las capitales valencianas.
No obstante, más que con el "No a la guerra", la jornada del 8M tiene parangón con otro acontecimiento histórico, el "¡Basta ya!" de los españoles en general y los vascos en particular contra el terrorismo. El llamado espíritu de Ermua, surgido tras el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Ese día despertaron en el País Vasco muchos ciudadanos que pensaban que no podían hacer nada, que era un asunto policial, y este 8M han salido a la calle muchas mujeres –y algunos hombres– que no creían en la fuerza del movimiento feminista. Habrá, como entonces, y perdón por el tópico, un antes y un después.
Dos días antes, el 6 de marzo, se produjo en València uno de esos hitos del empoderamiento de la mujer, al ser elegida Mavi Mestre rectora de la Universitat de València, que desde hace más de 500 años había sido regida por hombres. La próxima rectora ya no será noticia por ser mujer, como no lo fueron o serán la segunda presidenta del Congreso, del Senado, de Les Corts, del Tribunal Constitucional, la primera presidenta autonómica, Defensora del Pueblo... Un día espero que no lejano tendremos una presidenta del Gobierno y también de la Generalitat. Y comprobaremos –ya lo hemos comprobado– que pueden llegar a ser tan incompetentes como los hombres. En eso consiste la igualdad.
En contra de lo que parece al leer los informes y estadísticas que se publican con ocasión del 8M, en España estamos mejor que nunca y casi mejor que nadie en igualdad, lucha contra la violencia de género y poder de la mujer. Pregunten a las abuelas. Hemos avanzado muchísimo en el plano legal, bastante en compromiso social y algo menos en el plano personal.
La prueba es que las leyes van por delante de los usos sociales: La desigualdad de salarios no está amparada por ninguna norma, el despliegue administrativo y judicial contra la violencia de género choca con la mentalidad machista de demasiada gente y la falta de paridad en ámbitos de poder se ha demostrado que necesita corregirse con cuotas. Las leyes son imprescindibles pero no bastan porque, como se excusó Joan Ribó un día que se olvidó de la paridad, a los hombres hay que recordarnos cada día el compromiso por la igualdad.
A los hombres, y a muchas mujeres, incluso a algunas que se ponen al frente de la manifestación. Como ha venido contando este periódico, sin ningún resultado práctico, nuestro Gobierno del Botànic es paritario en el Consell, pero si vas al segundo y tercer escalón, que también son Gobierno, el 62% de los altos cargos son hombres. Después de publicarlo Valencia Plaza, Compromís –sección Els Verds-Equo– tuvo ocasión de paliar esa falta de paridad tras el cese de Julià Álvaro, pero con permiso de Puig y Oltra el partido eligió a otro hombre –Fran Quesada– para el puesto de secretario autonómico de Medio Ambiente. Alguien debería recordarle cada día al Consell lo de la paridad, pero no debe ser fácil cuando resulta que el 71% de sus asesores son hombres.
Peor aún es lo de Les Corts, donde los cinco grupos –PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos– se han peleado más de una vez para que los demás propusieran a mujeres para los organismos estatutarios porque todos quieren poner a hombres. Tras el ridículo al principio de la legislatura de formar una Mesa de Les Corts con cinco hombres y ninguna mujer, luego 'corregido' con la sustitución de uno de ellos por una diputada –cuatro a una, ¿es admisible?–, los grupo pasaron más de un año sin renovar el Consell Jurídic Consultiu porque se olvidaron de la paridad y nadie quería renunciar a sus candidatos varones.
Ahora está pasando lo mismo con la renovación del Consell Valencià de Cultura, donde una nueva ley obliga a que de los 21 representantes, once sean de un sexo y diez del otro. Como ahora son 16 hombres y cinco mujeres, al menos cinco varones no podrán repetir y su puesto será ocupado por féminas. Si la sociedad hubiese avanzado tanto como las leyes, los cinco grupos estarían reclamando su derecho a sustituir a sus miembros por nuevas candidatas, pero es al revés, todos quieren mantener a sus candidatos hombres y que el cambio lo hagan otros..
Si esto le ocurre en Les Corts a los diputados que aprueban las leyes valencianas en pro de la igualdad, no nos extrañemos de que en la calle o en las empresas la cosa no vaya a la velocidad esperada. La desigualdad en España es más real que legal, es una cuestión cultural que va a costar –está costando– varias generaciones cambiar. Es triste consuelo, pero una mirada a África, al mundo árabe o la India, o una mirada a la España de hace 40 años dan la medida de lo mucho que hemos avanzado aunque quede tanto por hacer.