VALÈNCIA. El pasado mes de abril, Les Corts aprobaron una proposición de ley por la que se modificaba la iniciativa legislativa popular (ILP). El texto validado reducía de 25.000 a 10.000 las firmas necesarias para presentar una ILP y fijaba en los 16 años la edad mínima para poder impulsar este proceso.
La propuesta, llevada a cabo por las fuerzas que sustentan el Botànic, obtuvo los votos necesarios para salir adelante pese a chocar con la oposición de Ciudadanos y PP. Sin embargo, apenas cuatro meses después de aquello, la Oficina del Censo Electoral (OCE) se puso en contacto con los servicios de la cámara para informarles de que la normativa que habían aprobado era inaplicable por imponer a este organismo "obligaciones" que no podía atender.
Entre los argumentos que enumeraba el informe remitido a la Mesa de Les Corts por el subdirector de la OCE, José Luis Viedma, para explicar la problemática que tenía la nueva ley y por la que no se podía cumplir destacaba uno. El referido al artículo 2 de la norma, que establece que pueden ejercer la iniciativa legislativa popular las personas empadronadas en la Comunitat mayores de 16 años, que tengan nacionalidad española, sean ciudadanos de la Unión Europea o residan en España legalmente.
Al respecto señalaba que a la hora de presentarse los pliegos de las rúbricas recabadas -artículo 9 de la ley- ante la Junta Electoral, las firmas deberían enviarse a la OCE para que el organismo comprobase la veracidad de las mismas y así cotejar un recuento real. Una tarea que según Viedma, no podían realizar porque no disponen de los datos de los mayores de 16 años.
Casi un año después de aquel jarro de agua fría, socialistas, valencianistas y morados estudian la manera de sortear estos reparos. Las diputadas Isaura Navarro (Compromís), Clara Tirado (PSPV) y el parlamentario Antonio Montiel (Podemos) analizan estos días el texto legal para enmendar este apartado de la ley y que se pueda aplicar.
Los razonamientos que ofrece la OCE, no obstante, son cuestionados por las fuerzas del Botànic. "Que el Estado te diga que no tiene los datos de los mayores de 16 años es absurdo porque a esa edad ya es obligatorio tener DNI", señala Navarro. "Lo único que deben hacer es solicitar esa información al INE, así que si quisieran aplicarlo, claro que podrían hacerlo", añade.
Conviene señalar que, ante la negativa de Ciudadanos a respaldar la rebaja del listón electoral al 3% en la Comunitat Valenciana -actualmente se encuentra en un 5%-, formaciones modestas comenzaron a estudiar la posibilidad de trabajar conjuntamente para reunir las 10.000 firmas necesarias para registrar una ILP contra la barrera electoral y así forzar a los partidos con representación en la cámara a llegar a un acuerdo y reformar la Ley Electoral Valenciana. Una barrera del 3% es fundamental para los partidos más pequeños, dado que el actual listón convierte en casi imposible el acceso a Les Corts a las fuerzas políticas de reciente creación.