El Botànic responsabiliza a Zaplana y Camps del 'agujero' en Feria València

VALÈNCIA (EP). PSPV, Compromís, Podem y Cs consideran que en Feria Valencia hubo un "saqueo" en la gestión directiva, así como "falta de control y trato de favor al PP" con actuaciones en su Plan de modernización y ampliación y otras "sin sentido" que generaron sobrecostes de más de 1.000 millones de euros.

Asimismo, ven responsables políticos de esta gestión a los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps, así como al exconseller de Economía y actual diputado del PP en el Congreso, Gerardo Camps; al expresidente de la institución Alberto Catalá, y a la directora general de feria y exconsellera de Industria y posteriormente de Turismo, Belén Juste, entre otros.

Así consta en la propuesta de dictamen de 254 páginas sobre la comisión de investigación, que analiza la gestión de los recintos feriales de la Comunitat Valenciana. Este texto deberá ser aprobado en comisión y finalmente pasará al pleno de Les Corts.

Así lo han dado a conocer este jueves los parlamentarios José Muñoz, PSPV; Josep Almería (Podem) y teresa García (Compromís) en una rueda de prensa en la que no ha participado Cs, pese a ser firmante del documento y apoyarlo, porque, según fuentes de la formación naranja, el documento debía haberse presentado el lunes "después de su aprobación en comisión".

El dictamen analiza la gestión del recinto ferial valenciano durante el periodo 2000-2012 y se estructura en diferentes apartados en los que se aborda la naturaleza jurídica; el Plan de Modernización y de Ampliación y la gestión de la dirección que, según han apuntado, es "la punta del iceberg" de todo el "modus operandi".

Entre las principales conclusiones del documento, los parlamentarios han señalado que se consta "saqueo en la gestión directiva, mala gestión, decisiones políticas y partidistas de una institución en la que hubo trato de favor al PP y contratos con empresas vinculados a casos de corrupción como Taula o la Gürtel".

"Feria Valencia ilustra los 20 años de mal gobierno del PP con ma
la gestión, controles nada claros y corruptelas que nos ha costado a los valencianos más de 1.000 millones de euros", ha subrayado el diputado del PSPV, José Muñoz, mientras que para Tersa García ha sido "una operación urbanística de grandes dimensiones propiciada por el Ayuntamiento de València, una financiación de la inversión sin ningún control propiciada por la Generalitat y con la excusa de la internacionalización una relación con empresas vinculadas a casos de corrupción".

En concreto, en relación a la gestión directiva, la diputada de Compromís ha detallado que se ha constatado que desde el 2007 hasta 2011, "se multiplican los gastos de representación y las tarjetas visa hasta un valor superior al millón de euros de forma anual", en un momento en que comienzan las pérdidas de la institución por el periodo de crisis. Además, del 2006-2007 se consta una bajada de los beneficios en más de un millón de euros, pero, sin embargo, "más se hinchan los gastos de los directivos en regalos viajes y restaurantes".

Por tanto, ha remarcado que se "consta que en los años en que la crisis empieza a golpear la institución, a nivel directivo se produce una especie de saqueo de las acciones y gestión de la propia feria", ha resaltado para incidir en el "trato de favor al PP" como demuestra que no se pidiera la factura por la celebración de su Congreso nacional en 2008, que posteriormente se tuvo que abonar por la vía judicial, o la convocatoria de un acto del PP europeo que se facturó "directamente a la Generalitat".

Asimismo, en ese periodo ha explicado que se produce una relación con empresas vinculadas a cosas de corrupción como Valmor con gastos por 300.000 euros de la feria para invitar a eventos relacionados con la Fórmula 1 y de 120.000 euros para la compra de entradas y palcos Vip para este evento deportivo.

Otras empresas son Orange Market a la que se contrató por 1,5 millones para un plan de marketing y eventos relacionados con Hábitat 2008 cuyos gastos "no se ha podido justificar" o Laterne de la que existe un pago de más de 495.000 euros para servicios de marketing y comunicación con justificación "etérea".

En cuanto al plan de modernización, aprobado el 21 de julio de 2001, Muñoz ha señalado que de la proyección inicial de 325 millones de euros de coste se pasó a "587 millones, un 80,65% más de lo previsto". Además, ha detallado que desde el inicio de las obras se sucedieron diferentes modificaciones y "ninguno de los comparecientes ha sido capaz de demostrar que hubiera una planificación de las fases del proyecto para prever una desviación de la inversión como resultó finalmente".

Ha señalado que, a partir de entonces, feria empieza a entrar en pérdidas y recibe subvenciones de la Generalitat y, pese a esta situación, el Patronato aprueba el plan de ampliación el 16 de diciembre de 2004, "con el conocimiento de estas dificultades" por 262 millones de euros. Todo ello, ha puntualizado, sin que se haya podido comprobar si existen "informes favorables de viabilidad del proyecto".

Asimismo, ha señalado que hay elementos en materia de obras con sobrecostes del 89,26% e incluso de un 647% en diferentes elementos de obra pagados por Feria Valencia. Al final de la operación, ha recordado que la Generalitat ha tenido que subrogarse la deuda de la institución a través de un decreto con un riesgo vivo del conjunto de las operaciones de 476,29 millones de euros y después de haber pagado 268 millones en intereses. Por tanto, la repercusión total ha sido de más de 1.000 millones de euros de sobrecostes, ha apuntado.

Para Josep Almería, la gestión en la feria pone de manifiesto el "modus operandi de un partido que también se veía reflejado en un 'modus vivendi' por parte de las personas que actuaban y gestionaban entidades en la Comunitat".

En este sentido, ha explicado que aunque de las comparecencias ha quedado claro que la expansión y modernización de la feria era "un clamor de los sectores productivos" y contaba con el apoyo de la Generalitat, las decisiones que se adoptaban eran "políticas y partidistas" por parte del PP que estaba en el Gobierno.

Respecto a la naturaleza de la entidad, han indicado que se utilizó la falta de concreción para asumir que era de titularidad pública y "esquivar la rendición de cuentas" y evitar mayores controles y fiscalización.

Acudir a Fiscalía

Con todos estos datos, los diputados han señalado que cuando se haga público el dictamen, tras su aprobación, se pondrá en conocimiento de la ciudadanía y de los órganos judiciales correspondientes para que evalúen si además de las responsabilidades políticas señaladas en el documento, pueda haber penales que deben ser investigadas.

Y es que, aunque han recordado que la Fiscalía archivó la investigación por presuntas irregularidades en las obras de ampliación del recinto, consideran que ahora con este documento se detallan aspectos concretos sobre la gestión en el recinto y, por tanto, si aprecian responsabilidades que superan lo político lo llevarán a Fiscalía.