Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. Los partidos del Botànic retomaron este martes una proposición no de ley para regular el consumo de cannabis en la Comunitat Valenciana desde "planteamientos científicos, sociales y ajustados a la legislación más avanzada sobre la materia". Es decir, permitir su consumo cuando se haga con fines terapéuticos. Una iniciativa que Podemos, PSPV y Compromís registraron en junio de 2017, y que tuvieron que volver a presentar hace tres meses porque había decaído del periodo de sesiones anterior.
La competencia para regularlo, no obstante, es estatal. Por ello, la PNL de los partidos que sustentan el Gobierno valenciano insta al Consell y también al Ejecutivo central a dotar de un marco legal a esta sustancia "para regular el autocultivo para uso personal y que se modifiquen todos aquellos aspectos legales necesarios para que deje de ser sancionable". Esto es, que se modifiquen la Ley de Estupefacientes 17/1967 y la Ley del Medicamento 29/2006.
Sin embargo, también propone crear una comisión de estudio cuyo objetivo principal sea estudiar la regularización del consumo de cannabis para los usuarios terapéuticos. La propuesta llegará al pleno de Les Corts de la semana que viene y, de momento, además de los partidos del Botànic, también Ciudadanos asegura que votará a favor de ella. Los naranjas van más allá y aseguran a Valencia Plaza que el posicionamiento del partido es favorable a la regulación del cannabis con uso terapéutico. El PP, por su parte, asegura que no se opone a su uso terapéutico ni a constituir la comisión de estudio, pero antes de aventurar el sentido de su voto, dicen que deben "estudiar el contenido de la PNL".
Ahora bien, los grupos parlamentarios tienen dudas de que puedan llegar a abordar esta comisión en esta legislatura, ya que actualmente hay una larga lista de espera. Cabe recordar que al inicio de la legislatura la Junta de Síndics tuvo que limitar a una decena la cantidad de comisiones no permanentes –de investigación o de estudio– que podían trabajarse de forma paralela y en febrero de 2016 se alcanzó el tope.
Esta limitación, precisamente, es lo que hizo que hace unas semanas se pusiera en duda que pudiera iniciarse antes de que finalice la legislatura la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc solicitada por Ciudadanos y Podemos. Finalmente, los grupos acordaron hace dos semanas que se constituya antes del 30 de septiembre.
En ese plazo los partidos confían en que se cierren tres comisiones que están a punto de finalizar o que se encuentran a la espera de la redacción de los respectivos dictámenes: la de investigación de los acuíferos; la que estudia el sector ganadero y sus productos; y la subcomisión de estudio para la creación de una nueva ley de policías locales, que ya fue aprobada y solo quedaría convocarla para disolverla.
Con estas tres plazas libres, ya se podrían introducir tres comisiones nuevas. Serían la del caso Taula, la de la financiación electoral del PP y la que investigaría la financiación de la campaña de 2007 de PSPV y Bloc. Aún así, todavía quedarían por abordar otras como la de estudio de pobreza y desigualdad; la que pide estudiar políticas de discapacidad; una comisión para analizar cómo prevenir casos de acoso escolar; la subcomisión del Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR); otra para examinar el sector citrícola en la Comunitat; una comisión de estudio para la reforma de la Política Agraria Común (PAC); otra sobre la situación de la pesca en la autonomía; y una última que repase el estado de las inversiones estratégicas en el territorio.
En resumen, por delante de la del cannabis se encuentran ocho más que deberían constituirse. En este punto, conviene señalar que en la actual legislatura solo han finalizado tres comisiones: la que investigó el accidente del metro de 2006, la que estudió políticas para erradicar la violencia de género y la comisión de investigación sobre la adjudicación de las plazas de residencias.