El exalcalde del PP, Arturo TorróLa jueza llama a declarar en calidad de investigados a 5 excargos del PP y a los exadministradores de la televisión pública de Gandia por las subvenciones otorgadas por el PP en 2012, cuando aún gobernaba Arturo Torró
GANDIA. Arturo Torró, ex alcalde de Gandia, no será el único que dé explicaciones ante la justicia sobre el cierre de la televisión pública de Gandia y la concesión de unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad y que, supuestamente, son de su entorno. A la citación como investigado de Arturo Torró por la subvención municipal a Tele 7 a través de Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), la empresa pública de Gandia, se suman varios altos cargos del anterior gobierno municipal del PP y a los administradores de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL.
Concretamente, la juez titular del Juzgado número tres de Gandia ha decidido llamar a declarar a mediados de junio como investigados -antes imputados- al director y administrador de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL (IEM), José Vicente Codina y Josep Lluís Giménez Estruch respectivamente y al técnico redactor de las bases del concurso, Juan Antonio Juárez.
Igualmente, se amplia la citación como investigados a los miembros del Partido Popular de Gandia Javier Reig, el entonces vicepresidente de IPG; Antonio Abad, el entonces miembro del Consejo de administración de IPG y la asesora Cristina Serrano, redactora de algunos de los informes a la adjudicación de esa ayuda. Todos ellos fueron citados en calidad de testigos en marzo, cuando Arturo Torró declaró como investigado para dar explicaciones sobre la titularidad y del contrato con Tele 7.
En su auto, la juez libera de cualquier responsabilidad a Víctor Soler, el entonces Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Gandia y actual portavoz del Grupo Popular. En su auto, la juez expresa que “de las actuaciones practicadas hasta ahora se desprende que la participación del mismo se contrae a la firma del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de comunicación audiovisual confeccionado por técnicos del Ayuntamiento”.
Los hechos se remontan a 2012, con el cierre de Gandia TV, cuando el PP dio una subvención de 3,5 millones a dos televisiones privadas
Los hechos se remontan a 2012, con el cierre de Gandia TV, y cuando el Partido Popular arbitró un sistema para dar una subvención pública de 3,5 millones a dos televisiones privadas. Las beneficiarias de la adjudicación, realizada a través de IPG, fueron Comarques Centrals Televisió S. L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7).
El contrato estipula que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cada una a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Contrato que se prorrogó por tres años más y que elevaba la cuantía de la concesión a 4 millones de euros más. En total, 7 millones entre las dos beneficiarias.
Unas acciones por las que el PSPV interpuso una querella contra Arturo Torró, el portavoz del ejecutivo, Víctor Soler, y el empresario José Codina, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. En su denuncia, el Partido Socialista pretendía esclarecer la adjudicación de Tele 7 y su verdadera propiedad.
Concretamente, la denuncia interpuesta por el ex alcalde de Gandia José Manuel Orengo, apunta a que el Ayuntamiento de Gandia de 2012, a través de IPG, podría haber subvencionado a una empresa donde el entonces alcalde, Arturo Torró, tenía intereses particulares. La querella a punta a que “hay indicios de que en esa sociedad participada Arturo Torró, a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de la referida mercantil estaba su persona”.
Según la documentación entregada al juez, se trataría de José Codina, hombre de confianza del ex alcalde de Gandia y quién fue el administrador único de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL.
