VALENCIA (EP). El director de Accesibilidad del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC), Juan Carlos Ramiro, ha reclamado a la Administración Pública que sea "garante de que cualquier ciudadano, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tenga a su disposición los mecanismos adecuados en cuanto a accesibilidad y usabilidad para ejercer sus derechos y obligaciones en igualdad".
Ramiro hizo estas declaraciones en la jornada 'Lexnet: propaganda y realidad', en la que impartió una disertación titulada 'La brecha digital y los problemas de utilización (usability) en los entornos judiciales y jurídicos'.
Juan Carlos Ramiro ha alertado del riesgo de que se produzca "una verdadera brecha digital entre aquellos profesionales preparados técnicamente y los que no lo están; entre aquellos que tienen determinados equipos y aplicaciones y los que no las tienen, así como entre aquellos profesionales que tienen determinada discapacidad o limitación en el uso de las tecnologías y aquellos sin esta circunstancia".
De hecho, ha asegurado que la brecha digital es cada vez más generalizada. "Lo que antes era una brecha digital para las personas con discapacidad afecta cada vez a más al resto de gente por la falta de accesibilidad y usabilidad de determinadas tecnologías". Ha insistido, asimismo, en que las tecnologías "no están aquí para complicarnos la vida, sino que a veces son las personas las que hacen las tecnologías complicadas".
En el contexto de la herramienta Lexnet, plataforma que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha para facilitar el intercambio de información y documentación entre órganos judiciales, "se ha generado una creciente preocupación y alarma ante la dificultad de su utilización", ha advertido el representante del CENTAC.
El caso puede ser más grave en el caso de la discapacidad sensorial. "Las herramientas, aplicaciones, programas y portales web deben ser diseñados cumpliendo los requisitos de accesibilidad y usabilidad necesarios para ser utilizados por cualquiera", ha recordado asimismo el ponente. Además, ha añadido que en España "existe una amplia legislación que lo contempla y es de obligado cumplimiento".
Ramiro destacó la gravedad de la falta de usabilidad en el ámbito legal: "Esto puede generar graves daños al ciudadano y a sus derechos esenciales, así como una enorme inseguridad jurídica". En su opinión, "los profesionales del sistema jurídico también tendrán problemas para hacer su trabajo con diligencia por lo complicado de la herramienta, pues habrá errores en las comunicaciones, vulneración de plazos o confusión de datos con ella", vaticinó.