Andrés Cánovas. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana Cesm-CV ha interpuesto hoy una querella criminal contra la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, por haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia provocada por el Covid-19. La querella se ha interpuesto por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
De igual manera, la querella se hace extensiva a los siguientes altos cargos de la Conselleria de Sanitat: Isaura Navarro, Secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Amparo García Layunta, directora General de Asistencia Sanitaria, Ofelia Gimeno, directora general de Salud Pública y Adicciones, David Fernández, Subsecretario de la Conselleria y Carmen López Delgado, directora General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
Se hace extensiva, además, a todos aquellos mandos que a consecuencia de las investigaciones que se solicitan, resulten responsables de la gestión realizada con carácter previo, coetáneo, y vigente de la crisis sanitaria del COVID-19. Según Andrés Cánovas, Secretario General del Sindicato Médico, "el Sindicato ha considerado la necesidad de presentar una querella para que tanto la consellera, como todos aquellos cargos que tomaron medidas ineficaces e ineficientes para atender la emergencia sanitaria a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias europeas, y la propia OMS".
"Estas medidas han afectado a muchos profesionales sanitarios y médicos, y algunos de nuestros compañeros han muerto como consecuencia de ellas", ha añadido. Todos aquellos profesionales médicos que lo consideren podrán aunarse a la causa, de forma gratuita. La querella presentada destaca que "tal ha sido el desaguisado que la Consellería ha provocado con su negligente actuar, su falta de previsión, y su ignorancia sobre las obligaciones que como empresa tenía de proteger a sus trabajadores, que en un evidente incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha provocado que estos, desprovistos de cualquier mínima protección hacia su integridad y salud, sin Equipos de Protección Individuales hayan tenido que prestar su trabajo, en primera línea, enfrentándose a una enfermedad altamente contagiosa, lo que ineludiblemente ha provocado, una alta tasa de contagio".
El Real Decreto 463/20 del 14 de marzo que declaró el Estado de Alarma, en ningún momento limitó las obligaciones, ni las potestades de la Generalitat Valenciana respecto de sus obligaciones y derechos competenciales sobre la protección de sus empleados, sobre la organización sanitaria, ni sobre la adquisición de material de protección y su distribución. Durante este periodo, el número de profesionales contagiados por el coronavirus estuvo muy por encima del resto de comunidades autónomas y otro países de la Unión Europea.
Desde el comienzo de la pandemia, el Sindicato Médico pidió varias veces a los tribunales que dictaran medidas cautelares y que la conselleria suministrara a los médicos batas, EPIs, mascarillas FPP2 y FPPP3, gafas de protección o contenedores grandes de residuos médicos y ha denunciado la manera ineficaz la manera en la que se ha gestionado la situación.
Según datos oficiales facilitados por la Conselleria de Sanitat, durante la pandemia, y a fecha de ayer, se han contagiado de coronavirus 4859 miembros del personal sanitario, a los que hay que sumar 305 personas que están actualmente en cuarentena, pendientes de diagnóstico. De ellos, 1540 son médicos, más 81 que están en cuarentena.
