Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Los jueces de instrucción de Valencia pueden respirar tranquilos, al menos de momento, ya que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pedirá la eliminación de un juzgado en Valencia para poder trasladar los tres juzgados de lo Penal desplazados a Alzira, Paterna y Torrent a la capital, pese a un informe de la inspección del propio CGPJ en el que se instaba a ello.
De hecho, la comisión ha pasado la pelota tanto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, como al Ministerio de Justicia con el acuerdo alcanzado este martes.
En la reunión mantenida por la permanente se acordaron varios puntos, pero ninguno en referencia a eliminar una sede judicial. Según informó a Valencia Plaza el propio CGPJ, se acordó: “primero, pedir al Ministerio de Justicia que en el programa de creaciones de órganos judiciales para el próximo año se contemple la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal en Valencia; segundo, solicitar a la Comunitat Valenciana (Conselleria de Justicia) la creación del Servicio Común de Ejecución Penal que asuma las ejecutorias penales de Valencia”.
Y tercero, y una vez constituido el Servicio Común de Ejecución Penal, desde el CGPJ explican que “se iniciará en el Consejo el expediente para que la sede de los Juzgados de lo Penal de Alzira¸ Paterna y Torrent sea la de Valencia capital”. Así, concluyen que, “en caso de no llevarse a cabo las medidas anteriores, se solicitará de la Sala de Gobierno del TSJCV un plan de refuerzo de los Juzgados de lo Penal de Valencia con objetivos concretos”.
Por tanto, y siempre según la explicación del propio CGPJ, la Conselleria de Gabriela Bravo deberá asumir la creación de un servicio común de ejecutorias al que deberá dotar no con menos de ocho funcionarios -lo normal en un juzgado son diez- para poder asumir la carga de trabajo de las ejecutorias de los penales desplazados. Un cambio que no saldrá por menos de 100.000 euros anuales. Dicho servicio común deberá ser dotado de funcionarios pero seguirá funcionando con el mismo número de magistrados que hay ahora.
Aunque la verdadera patata caliente es la que tiene el Ministerio de Justicia entre manos. Como ya publicó en exclusiva Valencia Plaza, el ministerio se niega a crear ningún juzgado nuevo por falta de dinero, tal y como informó un representante del Ministerio de Justicia el pasado 23 de noviembre a las partes implicadas en este toma y daca de creación, traslados y eliminación de juzgados.
Por consiguiente, en el caso de negarse a crear el juzgado de lo Penal que se solicita, la desaparición de un juzgado de Instrucción volvería a estar sobre la mesa, ya que tanto el Ministerio de Justicia, como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, como el CGPJ apoyan el traslado de los penales desplazados a Valencia. Ante esta pregunta, el CGPJ dice que “no quiere adelantar acontecimientos”.
Así, y con la decisión del Consejo emitida este martes, los jueces de Instrucción de Valencia pueden, de momento, respirar tranquilos los próximos meses pero nada les deja claro que no acaben eliminando una de sus sedes judiciales, ya que el CGPJ en ningún momento ha afirmado que se niegue a ello por escrito.
