Aseguran que no se tienen en cuenta las consecuencias para las mujeres maltratadas de Torrevieja y Orihuela
VALENCIA. Cincuenta y tres mujeres han muerto en lo que llevamos de año 2015 víctimas de crímenes machistas en España, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De ellas, cinco eran de la provincia de Alicante, el 10%. Con esos datos sobre la mesa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le propone al Consejo General del Poder Judicial eliminar uno de los juzgados exclusivos en la materia para convertirlo en uno de penal. El motivo, poca carga de trabajo comparado con los penales según el TSJCV.
Valencia Plaza preguntó al TSJCV porqué ha querido suprimir el juzgado, a lo que el Alto Tribunal valenciano respondió: “La Sala de Gobierno del TSJCV no plantea la supresión de ningún juzgado. La Sala plantea una modificación de planta judicial que permita atender en las mismas condiciones a las víctimas de violencia sobre la mujer con la posibilidad de dotar a otras jurisdicciones sobrecargadas con algunos de los recursos infrautilizados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrevieja”. Es decir, para el TSJCV pasar de dos juzgados a uno en esta materia no es suprimir un juzgado sino reorganizar.
La Sala de Gobierno del TSJCV informó en los siguientes términos: “Dado el escaso volumen de asuntos que tienen entrada en Violencia Sobre la Mujer de Torrevieja, la pendencia existente y que cuenta con una plantilla de funcionarios completa, la Sala de Gobierno insta a la conversión del juzgado de VSM en un juzgado de lo Penal que ponga fin a la situación existente en esta jurisdicción y que servirá para atender las ejecutorias existentes con un reparto adecuado entre los órganos. Se insta a que se comarcalice la competencia del juzgado de VSM de Orihuela asumiendo los hecho ocurridos en Torrevieja”.
Pero lo que ni la Sala de Gobierno ni el propio TSJCV presidido por Pilar de la Oliva tuvieron en cuenta son las consecuencias nefastas para las mujeres maltratadas de Torrevieja y Orihuela que sí explicaba otro informe del CGPJ realizado tras la petición del TSJCV.
En dicho informe se puede leer textualmente que “la reasignación de la competencia en materia de violencia de género que unifique los dos partidos judiciales, comportaría una carga de trabajo prácticamente inasumible para un órgano judicial de esta naturaleza, único en su demarcación territorial”.
Pero las palabras de los inspectores no se quedan sólo ahí, sino que realizan sus afirmaciones a través de cifras aportadas por los propios juzgados de violencia, y a los que el TSJCV tenía el mismo acceso que ellos cuando pidió la eliminación del juzgado.
Así, el informe del CGPJ recoge lo siguiente: “La refundición de la carga de trabajo de los partidos judiciales de Torrevieja y Orihuela, en materia de violencia de género, supondría que el juzgado de Violencia Sobre la mujer de Orihuela habría alcanzado un hipotético registro de 1.820 asuntos penales y 217 asuntos civiles durante el pasado año 2014. Dicha entrada sólo sería superada, en el área de penal, por tres juzgados en toda España, los juzgados 1 y 2 de Málaga y el 1 de Sevilla”.
Sobre el tema de las cifras, el TSJCV contestó a Valencia Plaza enviando el número de diligencias urgentes del juzgado, que según ellos está muy por debajo de la media pero no mandó el número de previas, sumarios, sobreseimientos y el resto de tipos de causas que hacen que la refundición sature el juzgado de Orihuela.
Por todo lo anterior, el pleno del CGPJ votó ayer en contra de la solicitud del TSJCV de “convertir el juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Torrevieja en juzgado de lo Penal y comarcalizar el juzgado de violencia de Orihuela”.
Llama la atención que en ningún momento el informe del TSJCV ha tenido en cuenta el trauma que supone para una mujer maltratada tener que desplazarse desde su lugar de residencia a otra ciudad para denunciar. Un hecho importante si se tiene en cuenta que muchas de ellas, incluso con todos los mecanismos legales a su alcance, retiran las denuncias por el miedo y el terror al que día tras día se ven sometidas.
Para el TSJCV, 30 kilómetros es una distancia que permitiría la atención a las víctimas en las mismas condiciones. También proponen que los asuntos de violencia los asuma un juzgado de instrucción ordinario, o lo que es lo mismo, un juzgado sin especialización.
Con respecto a “la poca carga de trabajo” de la que informa el TSJCV, fuentes de toda solvencia afirman que “en los juzgados de violencia, por ejemplo, cualquier sobreseimiento provisional lleva mucho trabajo, ya que, a diferencia de instrucción, donde puede haber autor desconocido, en violencia siempre hay un autor conocido y, por tanto, siempre hay que tomar declaraciones antes de sobreseer, lo que alarga cualquier tipo de causa aunque sea un sobreseimiento”.
En cuanto al problema de sobrecarga de los penales, el CGPJ informa a favor de crear un cuarto juzgado de esta materia. Una sede judicial que está aprobada pero paralizada por el momento.