VALÈNCIA (EP). El Consell Jurídic Consultiu (CJC) aprobó un total de 846 dictámenes aprobados a lo largo del año 2018, lo que supone 11 más que en el año 2017, cuando fueron dictaminados 835 asuntos. De este modo, la cifra se ha mantenido "relativamente estable".
La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, junto con los miembros del Pleno de la Institución, han hecho entrega de la Memoria correspondiente al año 2018 en Les Corts Valencianes. El documento, que recoge de forma exhaustiva la actividad de la institución, fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Institución en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de mayo.
El balance de la actividad puramente consultiva arroja un total de 846 dictámenes aprobados a lo largo del año 2018, lo que supone 11 más que en el año 2017, cuando fueron dictaminados 835 asuntos.
En cuanto a los asuntos dictaminados, 15 correspondieron a Anteproyectos de Ley, 158 proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general, 55 asuntos en materia de contratación pública, 72 revisiones de oficio, 28 sobre consultas facultativas y 434 en materia de responsabilidad patrimonial.
Destaca el aumento de consultas facultativas al haberse duplicado la cifra (de 14 consultas facultativas en 2017 a 28 en 2018). De ello se desprende, recalcan desde el órgano consultivo, "la consolidación del Consell Jurídic Consultiu como un referente para las diferentes instituciones y administraciones para que emita su parecer en asuntos jurídicamente controvertidos, un hecho que, prestigia al CJC como institución de carácter técnico e independiente y profundiza en la importancia del papel de la función consultiva en el ámbito autonómico".
En relación a la autoridad consultante para la cual se han aprobado más dictámenes sería la Conselleria de Sanitat (209), fundamentalmente por los asuntos relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración pública.
El CJC ha constatado un descenso en relación a los asuntos que han sido solicitados con carácter de urgencia, habiendo pasado de 145 en el año 2017 a 98 en el ejercicio 2018.
También se señala que un 90% de las resoluciones administrativas se adoptaron conforme a lo dictaminado por el Consell Jurídic Consultiu, por lo que el grado de conformidad de lo resuelto por la administración con su dictamen es "bastante elevado".
Sobre la actividad no propiamente consultiva, resaltan la decisión que el Consell Jurídic Consultiu adoptó en relación a los nuevos criterios de publicidad de los dictámenes en el portal web de la institución, siendo éste de 15 días tras su aprobación.
Por último, en la segunda parte de la Memoria se hacen cinco observaciones y sugerencias a partir de las cuestiones que han ido surgiendo durante el año: una primera observación que tiene que ver con la fecha que debe considerarse para la suspensión del plazo en el procedimiento administrativo cuando deba ser evacuado un informe preceptivo por un órgano de la misma o distinta administración.
La segunda observación es en relación a la interpretación y aplicación de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la doctrina del Consell Jurídic Consultiu. La tercera recomendación versa sobre la legitimación individual del heredero para reclamar en beneficio de la herencia yacente respecto de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.
Una cuarta recomendación sobre las clases del uso de dominio público en relación a la no necesidad de licitación del uso común especial. Finalmente, se analiza la cuestión de la posibilidad de que el Certificado de Compatibilidad Urbanística pueda constituir el objeto del Recurso de Revisión de Oficio.
