VALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha mandado de nuevo el Estatuto del Investigador planteado por la Conselleria de Sanidad a la negociación colectiva pese al empeño de la dirección general de Investigación de no hacerlo. Así lo recoge el dictamen sobre el último borrador del decreto, al que la Abogacía de la Generalitat ya puso numerosos reparos por exceder competencias autonómicas y saltarse el Estatuto de los Trabajadores.
Éste fue rehecho, sin mucho empeño por parte de Sanidad en incorporar las aportaciones de la Abogacía. Un proyecto de decreto al mando del recién dimitido Javier S. Burgos, que se ha marchado sin llegar a aprobar la normativa que debería dotar a los investigadores de una mayor estabilidad. Sin embargo, no son pocas las reticencias que ha recibido por todas las partes. También la dirección general de Sector Público señalaba la falta de competencia de la Generalitat para legislar en material laboral y que la creación de categorías profesionales es objeto de negociación colectiva.
El CJC considera que el decreto sería conforme a ley, con base en la normativa autonómica, en ejercicio de la competencia exclusiva de la Generalitat en la organización administrativa y de gestión. Sin embargo, el problema llega cuando se insiste en regular un régimen jurídico del personal laboral y el personal de apoyo a la investigación, donde considera que la única posibilidad es regular las distintas etapas que conforman la carrera investigadora del personal laboral investigador contratado.
Pero, ¿respeta el Estatuto planteado la legislación laboral? Desde Sanidad señalaban que el proyecto no propone la creación de modalidades contractuales nuevas. Insisten en que únicamente se crea una graduación por etapas o categorías que conforman una posible evolución en el itinerario profesional de la investigación sanitaria y biomédica y, con esa reflexión, desde el Consell emplazan a esperar a la nueva Ley de la Ciencia.
No obstante, respecto a la cuestión, el CJC considera que el establecimiento de categorías profesionales que afectan tanto al personal investigador como a técnicos de apoyo a la investigación, al establecer requisitos de acceso a las categorías, objetivos y funciones, en materia de convenio colectivo. En este sentido, insisten en considerar que la regulación del régimen jurídico del personal laboral, donde se encuentra este personal, excede a las competencias autonómicas tal y como está planteado.
"En el decreto se establecen categorías o grupos profesionales que requieren de negociación por las entidades con los representantes de sus trabajadores, estableciéndose condiciones de ascenso y promoción que deben ser el resultado de la negociación del empresario con los representantes de los trabajadores, pues aunque se trate de empresas pertenecientes al sector público instrumental, no por ello dejan de ser entidades privadas", recalcan.
