VALENCIA. El próximo día 20 de enero se cumple un año de la detención, y posterior imputación, de la exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt. Aquel 20 de enero se incautó su ordenador personal. Ha pasado casi un año, y el citado ordenador sigue en la misma estantería de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en Madrid sin que nadie haya comenzado todavía a sacar la información que contiene pese a que tanto desde el juzgado que instruye la causa como desde la Fiscalía Anticorrupción se han puesto en contacto con la UDEF para solicitar el volcado de los datos. La respuesta de la UDEF siempre ha sido la misma: “Hasta abril no será posible”. Y mientras llegan los datos el caso está paralizado.
Tal y como han explicado a Valencia Plaza fuentes de toda solvencia, el problema es que la UDEF se encuentra colapsada de trabajo y a ello hay que sumar varias bajas laborales en los últimos meses, lo que ha provocado que el atasco suponga meses de retraso para algunos asuntos. El colpaso se ha producido, entre otros motivos, por la entrada del caso Pujol, que es de tal envergadura que ha obligado a poner a secciones de la UDEF de diferentes provincias españolas a trabajar en él para aliviar la carga de trabajo de la UDEF central.
Valencia Plaza ha tratado de hablar con el Cuerpo Nacional de Policía en varias ocasiones, tanto por vía telefónica como por correo electrónico, para tratar de obtener alguna explicación al respecto, pero la respuesta ha sido siempre la misma: “Ya les llamaremos”. Llamada que nunca se ha producido.
Pero el caso del Palau no es el único que se está viendo afectado por el retraso en la UDEF, la diligencias de investigación sobre Feria Valencia también se han visto ralentizadas aunque en este caso, al no estar judicializado todavía, la tardanza no acarrearía unas consecuencias tan nefastas como en el caso de Helga Schmidt.
Según fuentes judiciales se ha llamado a la UDEF y se les ha enviado un oficio requiriendo la información que pueda contener el ordenador de Helga Schmidt, ya que tanto la juez como el fiscal necesitan saber qué hay en el dispositivo tanto para poder tomar otra vez declaración a la exintendente, como para poder solicitar las periciales oportunas.
Al parecer en la respuesta al oficio judicial la UDEF dice que los casos se atienden por “riguroso orden de entrada”, exceptuando aquellos que sean una causa con preso que tienen prioridad, y que el volcado del caso Palau no estará hasta abril. Pero, según fuentes judiciales, en la llamada telefónica los policías fueron más explícitos y afirmaron que “están en cuadro y saturados de trabajo”.
El problema con este caso es que se empiezan a bordear las dilaciones indebidas, que es cuando “existe un efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo es injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable consistente en la duración mayor de lo previsible o tolerable”. Si se producen dichas dilaciones indebidas, y siempre que el proceso prosiga contra el investigado, la pena aplicable a esa persona una vez juzgada y condenada se ve reducida.
Por ello, tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en el juzgado número 15 de Valencia están comenzando a “estar disconformes con las palabras de la UDEF”, puesto que en casi un año la única actuación que se ha realizado fue la del día de la detención de la exintendente del Palau.
Pero a las posibles dilaciones indebidas ahora hay que añadir otra piedra en el camino, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone plazos a las instrucciones de los asuntos penales. La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que se declare causa especialmente compleja, lo que les daría 18 meses para instruir, pero aunque la juez les dé la razón cuando lleguen los datos del ordenador ya habrán pasado cinco de los 18 meses sin que se haya realizado ni una solo actuación judicial en el caso.